Nuevo protocolo de PNC es ilegal y busca intimidar a la población
Expertas y analistas en seguridad pública consideran que busca limitar la libre circulación de la población durante el ejercicio de un derecho legítimo como el de protestar. Temen que sea la antesala de restricciones más fuertes de parte del actual Órgano
Las actuaciones que realizaron varios agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) durante la marcha del 17 de octubre son ilegales y arbitrarias por no corresponder a sus funciones, según expertas en seguridad pública, quienes aseguran que este tipo de actos de intimidación podrían aumentar si no se hace algo al respecto.
En redes sociales las personas denunciaron que agentes policiales los retuvieron sin razón y que a los motoristas les decomisaron las llaves de los buses cuando se trasladaban hacia la marcha del pasado domingo. Señalaron también que en los retenes los policías tomaban fotos y videos a las personas que se dirigían a la protesta en contra de varias políticas del actual Gobierno.
Para realizar todas estas actividades, la PNC distribuyó un día antes el “Protocolo de actuación para la intervención policial ante actos de protesta que generen concentraciones y movilizaciones de personas”, que avaló la comisionada Zoila Corina Palma Noguera, subinspectora general de dicha institución. Este buscaba “garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades de las personas, reducir la violencia y delincuencia”.
Verónica Reyna, especialista en seguridad pública y directora de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista (SSPAS) llamó al protocolo y a las actuacio
“Me da la impresión de que es un uso de control de vigilancia, de intimidación y de amenaza a la población frente a su derecho legítimo de protesta”.
Verónica Reyna,
DIRECTORA DE DERECHOS HUMANOS DEL SSPAS.
“Incurren en posibles acciones delictivas y faltas graves de su normativa interna que ponen en riesgo la libertad de la población”.
Jeannette Aguilar,
ANALISTA EN SEGURIDAD PÚBLICA.
nes de la PNC una “forma de control de vigilancia hacia las personas que se dirigían a la protesta”.
“El uso de drones, la toma de fotografías por parte de los policías y el comportamiento que tuvieron algunos agentes en los retenes da la impresión de que es un uso de control de vigilancia, de intimidación y de amenaza a la población frente a su derecho legítimo de protestas y concentración de libertad de expresión”, aseguró la especialista.
Sobre este punto, Jeannette Aguilar, experta en seguridad pública, manifestó que el domingo hubo graves violaciones a derechos constitucionales de los ciudadanos por parte de la Policía, como la libre circulación y el derecho a la manifestación. Además de acciones de intimidación, seguimiento, vigilancia y amenazas a los ciudadanos que se movilizaban a las marchas, las cuales lindan con acciones delictivas.
“Todas esas acciones están prohibidas a la Policía en su código de conducta, recogida en su ley orgánica, ley disciplinaria y otras normativas internas. Es decir, están incurriendo en posibles acciones delictivas y faltas graves de su normativa interna que están poniendo en grave riesgo la seguridad y la libertad de la población”, aseguró Aguilar.
Agregó que es lamentable que no se pueda accionar y denunciar a estos agentes como se debería hacer, ya que ha identificado un desmantelamiento de las instancias fiscalizadoras y la inacción que tienen ahora instancias de control interno y externo como es la Inspectoría General o las mismas unidades disciplinarias internas, donde se deberían procesar estas denuncias.
“No estamos en condiciones de ninguna protección frente a la fuerza policial y militar y eso es todavía más preocupante, porque estos ejercicios autoritarios de poder y de las instituciones que tienen un uso legítimo de fuerza, puede ir creciendo en medida que hay permisividad ante estos hechos y no hay forma de contrarrestar y controlar este tipo de intimidaciones”, sumó Reyna.
JUSTIFICACIÓN
Las especialistas creen que el Protocolo busca justificar el uso de la fuerza de manera ilegal, sobre todo cuando hay permisividad y autoritarismo.
Aunque las dos expertas no identifican un amparo para los manifestantes sobre las ilegalidades que realizaron el pasado domingo varios agentes de la PNC, sí consideran que es necesario documentar todas las conductas y exponerlas en redes sociales.
“Los ciudadanos deben documentar todas las ilegalidades que cometan los agentes policiales, consignar el Orden Numérico Institucional (ONI), el número de la patrulla, la placa del vehículo, el nombre del policía quien fue el que incurrió en ese hecho y denunciarlo en las redes. Al parecer no hay límites en la exposición pública mediática y en redes parece ser que tiene un efecto en la imagen de estas instituciones”, indicó Aguilar.
Para la abogada penalista Marcela Galeas, aunque la PNC sí está facultada para hacer retenes y hacer un control para verificar la documentación y si las personas cumplían con la Ley de Tránsito, quitar las llaves a los motoristas para que los pasajeros no llegaran a la marcha es otra cuestión, ya que no hubo ninguna infracción por parte de estas personas.
“La PNC lo que hizo fue obstaculizar la libertad de circulación. Esa es una acción ilegal. Hubo agentes que retuvieron a personas hasta por dos horas y les quitaron las llaves de automotores y eso no es permitido. No lo contempla ninguna ley y por lo tanto fue una actuación arbitraria”, enfatizó.
Para Galeas, con estas actitudes la PNC coartó la libertad de reunión y expresión, violando la misma Constitución.