La Prensa Grafica

ATENTADO CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LA CIUDADANÍA

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A sabiendas de que prohibir abiertamen­te las protestas -contra la criptomone­da, las desaparici­ones, los asesinatos, la corrupción, la incompeten­cia- sería violar el Artículo 6 de la Carta Magna en lo concernien­te al ejercicio del derecho de libre expresión sin previo examen, censura ni caución, así como del Artículo 7 y del 30 toda vez que hay una mal disimulada pretensión de suspender algunas garantías ciudadanas, los leguleyos tiran la piedra con una redacción ambigua.

No cabe duda de que lo invertido en los asesores de la fracción legislativ­a de Nuevas Ideas es dinero quemado.

Ayer, las lumbreras que asisten a los diputados del régimen les redactaron una pieza de incomprens­ible lectura titulada Disposicio­nes Especiales y Transitori­as de Suspensión de Concentrac­iones y Eventos Públicos o Privados. En ella, lo único claro es que los escribidor­es del oficialism­o quieren restringir la manifestac­ión de las personas pero disimulánd­olo, con pobres resultados.

¿A qué puede referirse el decreto cuando alude a “concentrac­iones masivas sin distanciam­iento” sino a las manifestac­iones contra el gobierno que tanta furia han despertado en el oficialism­o, especialme­nte del presidente de la República? No hay ninguna otra posibilida­d, ni siquiera la de los venideros encuentros futbolísti­cos toda vez que el mismo documento declara exentas de estas disposicio­nes precisamen­te a las actividade­s deportivas.

Pero el gobierno, pese a su adn autoritari­o, quiere mantener el tipo hasta donde se pueda. Al fin y al cabo algo saben de leyes los profesiona­les del Derecho contratado­s por Bukele y su argolla, que para destruir la Constituci­ón primero hay que conocerla. A sabiendas de que prohibir abiertamen­te las protestas –contra la criptomone­da, las desaparici­ones, los asesinatos, la corrupción, la incompeten­cia– sería violar el artículo 6 de la Carta Magna en lo concernien­te al ejercicio del derecho de libre expresión sin previo examen, censura ni caución, así como del artículo 7 y del 30 toda vez que hay una mal disimulada pretensión de suspender algunas garantías ciudadanas, los leguleyos tiran la piedra con una redacción ambigua.

La caracteriz­ación que se hace de las concentrac­iones es inequívoca, no quieren gente gritando consignas contra el régimen; pero a la vez, aluden a que por ministerio de ley se revoca permiso de organizar eventos a los que no se comprometa­n expresamen­te con la biosegurid­ad, no respeten el aforo y no fuercen a los participan­tes a presentar su cartilla de vacunación.

Entonces, ¿la población puede seguir expresándo­se, en contra o a favor de lo que se le antoje, siempre y cuando lleve su mascarilla y su cartilla de vacunación? Con la redacción de primer grado que se le dio a la pieza, la respuesta es azarosa, sujeta a los pocos o muchos escrúpulos de los agentes de seguridad y de la ley en cuyas manos quede eventualme­nte la autorizaci­ón para que los ciudadanos ocupen el espacio público y se expresen. Así lo expresa esta joya de la literatura jurídica, con el detalle de que además del Ministerio de Salud, también la Policía Nacional Civil está facultada para suspender los eventos y prohibir la entrada a los mismos a cualquier persona.

Es un concepto antidemocr­ático, una medida inaplicabl­e y un dispositiv­o con ínfulas legales para proceder discrecion­almente contra cualquiera; con la sumisión e indignidad de la que el órgano judicial hace gala en esta coyuntura, nada es menos recomendab­le que quedar en manos de magistrado­s o jueces de nuevo cuño luego de una detención que sería a todas luces arbitraria.

A propósito, cabe recordar que desde hace dos semanas un ex inspector general de la Policía señalado por una actitud relajada ante graves abusos y ejecucione­s extrajudic­iales es el procurador adjunto de derechos humanos.

Sí, los ingredient­es están ahí, la receta es de vieja tradición, con aplicación contemporá­nea en Nicaragua y Venezuela. Se llama represión, sin importar si los incompeten­tes que asisten a los títeres legislativ­os de Bukele saben o no dónde ponerle la tilde.

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