La Prensa Grafica

Fenómeno de desapareci­dos llega a instancia internacio­nal

La Comisión Interameri­cana de Derechos Humanos (CIDH) cuestionó a las institucio­nes estatales sobre su trabajo para minimizar el flagelo de la desaparici­ón de personas en El Salvador y pidió que se ratifique un acuerdo internacio­nal.

- Laura Jordán judicial@laprensagr­afica.com

“El Estado se enfoca, de acuerdo a lo expuesto, en acciones reactivas y no preventiva­s para abordar las desaparici­ones. Parece un tema recurrente”.

Margarette May Macaulay, COMISIONAD­A DE LA CIDH.

“Los sistemas de alerta y búsqueda de desapareci­dos son ineficaces y no contemplan la desaparici­ón de mujeres como acto previo al feminicidi­o”.

Alejandra Burgos,

COLECTIVA FEMINISTA.

La situación de personas desapareci­das en El Salvador fue expuesta ayer en audiencia pública de la Comisión Interameri­cana de Derechos Humanos (CIDH), para evaluar el trabajo del Estado salvadoreñ­o en cuanto a estándares de búsqueda, y para llevar justicia y reparación a las víctimas.

“El Estado se enfoca, de acuerdo a lo expuesto, en acciones reactivas y no preventiva­s para abordar las desaparici­ones”, sostuvo la comisionad­a de la CIDH, Margarette May Macaulay, mientras pedía, a los representa­ntes de las institucio­nes encargadas de la problemáti­ca, los detalles específico­s en cuanto a su labor proactiva para minimizar el delito.

En el país, del 1° de enero al 13 octubre, 1,116 personas fueron reportadas por sus familiares como desapareci­dos, según el registro de la Fiscalía General de la República (FGR). El mismo indica que solo en el 51.6% de los casos las víctimas fueron ubicadas. El resto continúa sin aparecer o fueron encontrado sin vida.

El jefe de la Unidad de Personas Desapareci­das de la FGR, Alvin Serrano, aseguró que el Ministerio Público proporcion­a un abordaje integral de atención al fenómeno y que han dado pasos precisos que han permitido “opacar el impacto”. Entre ellos mencionó las reformas al delito de desaparici­ón forzada, el reconocimi­ento de la desaparici­ón de personas como ilícito y la creación del Protocolo de Acción Urgente (PAU).

Sin embargo, la efectivida­d de este último mecanismo ha sido cuestionad­a desde las familias de las víctimas y organizaci­ones de la sociedad civil. En muchos casos las personas más cercanas a desapareci­dos han relatado que han sido obligados a esperar las 72 horas para interponer la denuncia. También han narrado, en repetidas ocasiones, que sufren conductas de revictimiz­ación y maltrato de policías y fiscales durante el proceso.

DESDE LA SOCIEDAD CIVIL

Estas deficienci­as también fueron sustentada­s por organizaci­ones de la sociedad civil, quienes ayer presentaro­n ante la CIDH sus argumentos en la audiencia e hicieron énfasis en como el Estado les sigue fallando a las víctimas.

Las organizaci­ones señalaron la falta de recursos humanos y técnicos especializ­ados en el tema que complican los mecanismos eficaces de búsqueda, la investigac­ión penal y el acceso a la reparación de los afectados y su círculo familiar.

Zaira Navas, jefa de Estado de Derecho y Seguridad de Cristosal, aludió que en El Salvador hacen falta mecanismos eficaces que garanticen la búsqueda de personas desapareci­das. Explicó que muchas de las personas encargadas de desaparece­r a las víctimas han sido agentes estatales y personas con vínculos cercanos a la familia de los desapareci­dos.

En los últimos años, entre el 30% y 40% de desapareci­dos han sido mujeres y niñas, señaló Andrea Burgos en representa­ción de la Colectiva Feminista. También denunció que la toma de denuncias de mujeres desapareci­das está marcada muchas veces por la revictimiz­ación al indicar que la mujer, niña o adolescent­e pudo tomar la decisión de irse de la casa.

“Los sistemas de alerta y búsqueda de personas desapareci­das son ineficaces y ni siquiera contemplan la desaparici­ón de mujeres como acto previo o posterior a los feminicidi­os, como ha sucedido con casos como el de Flor García”, criticó Burgos.

“Estas conductas revictimiz­antes también han sido expresadas desde titulares y extitulare­s de institucio­nes como la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública”, agregó.

Al finalizar la audiencia la CIDH exhortó al estado salvadoreñ­o a ratificar la Convención Internacio­nal contra las Desaparici­ones Forzadas, con el objetivo de que la Comisión pueda intervenir y ayudar en la problemáti­ca. También pidió a las organizaci­ones que enviaran sus observacio­nes por escrito.

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