LÍNEAS ESTRATÉGICAS
La crisis sanitaria inducida por el covid-19, el aumento de personas que viven en situación de pobreza, el enredado fenómeno migratorio, el pronunciado desequilibrio fiscal y la preocupación de la comunidad internacional por el declive institucional ilustran la complejidad de la realidad nacional.
La recuperación económica (el PIB 2021 podría igualar o superar el nivel prepandemia), la funcionalidad del método de vacunación y la solidaridad de los compatriotas que viven en el exterior (expresada en el aumento de las remesas durante la adversidad) son factores que ayudarán a enfrentar la pospandemia.
La situación antes descrita hace que la discusión programática adquiera relevancia. Una cosa es clara, superponer la búsqueda del poder público a la búsqueda del bien común ha sido la corriente política que ha impedido durante décadas la construcción de un plan de nación o agenda de desarrollo.
Un requisito para superar dicho impase es que los ciudadanos comprendamos El Salvador del que queremos ser parte. Eso implica dejar de depositar el destino del país exclusivamente en manos de los gobernantes y aunar esfuerzos en líneas estratégicas de acción como las siguientes.
1. Educación inclusiva y de calidad. Ello requiere mejorar la formación docente y adecuar los medios de enseñanza-aprendizaje a las exigencias globales y locales (con enfoque de ciclo de vida y acceso a TIC). El Plan Torogoz 2019-2024 es una guía para trabajar en esa dirección.
2. Desconcentración económica. La superación de las brechas educativas, tecnológicas y económicas entre el AMSS y el resto del país, y entre las áreas urbanas y rurales, es una medida efectiva para reducir la pobreza, ampliar el mercado laboral y frenar la migración interna y externa.
3. Agua. No hacer nada equivale a continuar perdiendo el suelo fértil y los mantos acuíferos, lo cual es inadmisible frente al cambio climático. Apremia la adopción de medidas para descontaminar los ríos y recuperar las funciones de las principales cuencas hidrográficas.
4. Infraestructura. Una meta sería invertir en obras físicas un promedio anual de $2 mil millones entre 2022-2032, ejecutando proyectos que propicien la desconcentración económica del AMSS, reduzcan los costos de producción y mejoren la conectividad digital y vial en los 14 departamentos.
5. Derecho público. Lo esencial es la igualdad en la aplicación de la ley y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Un paso adicional es sincerar y sanear las finanzas públicas, lo cual implica hacer un ajuste fiscal (reducir gastos y aumentar ingresos).
Reflexión: El Salvador enfrenta un doble reto: (1) definir líneas estratégicas de acción conjunta (gobierno y sociedad) y (2) generar oportunidades en suelo cuscatleco. Lo primero es poco probable que suceda en el corto plazo y lo segundo exige pasar de las palabras a los hechos (de la ilusión a la realización).
Opinión: acordar prioridades, fijar metas nacionales, precisar cómo alcanzarlas e identificar su financiamiento es un camino apropiado; sin embargo, esa vía no ha sido factible entre 1979-2021. En otras palabras,
Superponer la búsqueda del poder público a la búsqueda del bien común ha sido la corriente política que ha impedido durante décadas la construcción de un plan de nación o agenda de desarrollo.
¿Qué pueden hacer juntos la sociedad civil y el círculo académico? Crear una plataforma informativa y un espacio de encuentro, propuesta e incidencia para erradicar la pobreza y promover la cohesión social.