NUEVA PRÓRROGA Y MISMOS REPAROS ANTE EL RÉGIMEN EXCEPCIONAL
La aspiración de mantener este estado no es viable, no al menos si se quiere mantener algunos niveles de convivencia social. Aunque cerca del régimen haya personas interesadas en estirar esa medida por intereses difíciles de comprender, debe entenderse que la intolerancia, el discurso confrontativo y la operación de los cuerpos de seguridad con unos modos que en algunos municipios hacen recordar a los años ochenta no puede continuar sin dañar el tejido social auténtico, aquel que ya soportó suficiente a la criminalidad como para ahora pasar de ese padecimiento a otro.
La nueva prórroga del régimen de excepción es también una prórroga de opacidad y falta de información para la población acerca de las condiciones que propiciaron la ola homicida de finales de marzo. Decenas de miles de detenidos después, el gobierno aún no aclara a la nación quiénes fueron los autores intelectuales y materiales de aquella infamia, que pretendían con aquellos crímenes que en su conjunto fueron un acto de terrorismo contra El Salvador ni tampoco se ha referido a los indicios sobre la comunicación entre algunos funcionarios con los jefes de las pandillas antes y después de los asesinatos.
En lugar de satisfacer los derechos de los cientos de familias enlutadas aquel fin de semana y de abonar a la tranquilidad de la población garantizándole con pruebas que los autores de la fiebre homicida ya fueron detenidos, el oficialismo repite sin parar un discurso propagandístico y sordo. Es una obviedad que todos los ciudadanos desean vivir en paz, en armonía social, sin los flagelos de la extorsión, la amenaza y el homicidio. El deseo de libre movilidad sin temor a represalias y violencia es meridiano en la sociedad, especialmente entre jóvenes y niños que han visto secuestrado el espacio público durante por lo menos dos décadas. Ningún político puede cuestionar que en ese anhelo, todas las familias están unidas, que no hay divisiones ni distingo válido al hablar de ese sueño para El Salvador.
Lamentablemente, el régimen de excepción ha sido convertido en un contenido político que el gobierno blande contra la misma sociedad civil cuando esta a través de cualquiera de sus miembros expresa reticencias y preocupación. El mismo ánimo de paz que alienta a los ciudadanos a expresarse a favor de la fuerza del Estado es el que les agobia ante las noticias de abusos y excesos policiales y el que les siembra dudas sobre si es necesario ignorarle otro mes sus derechos a la ciudadanía. No hay contradicción alguna en quienes comparten a la vez esas cuitas y esas convicciones, porque los tiempos que corren por la nación son complejos, de retroceso democrático y debilitamiento institucional pero al mismo tiempo de expresiones ciudadanas más inmediatas y auténticas acerca de estos hechos.
Toda vez que el gobierno está convencido de mantenerse en este camino, de esta aproximación al fenómeno pandilleril y que incluso contempla someter las finanzas públicas al estrés de construir nuevos centros penales luego de duplicar a la población carcelaria, cabe siquiera hacerle dos reparos. El primero es que la aspiración de mantener este estado no es viable, no al menos si se quiere mantener algunos niveles de convivencia social. Aunque cerca del régimen haya personas interesadas en estirar esa medida por intereses difíciles de comprender, debe entenderse que la intolerancia, el discurso confrontativo y la operación de los cuerpos de seguridad con unos modos que en algunos municipios hacen recordar a los años ochenta no puede continuar sin dañar el tejido social auténtico, aquel que ya soportó suficiente a la criminalidad como para ahora pasar de ese padecimiento a otro.
Y el segundo reparo es a poner los pies en la tierra y aceptar que inevitablemente, al final de la propaganda, la viralización y los otros recursos de la narrativa oficial estarán las víctimas, pacientes y perseverantes, preguntando quién ordenó esos crímenes y quiénes apretaron los gatillos. Esas respuestas tendrán que llegar, ojalá que gracias al gobierno y no pese al gobierno.