NUEVO PENAL ES CONSTRUIDO POR EMPRESA DETRÁS DE CHIVO PETS Y VACUNATORIO
OMNI INVERSIONES ESTUVO INVOLUCRADA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL EL SALVADOR Y EL CHIVO PETS, PROCESOS EN LOS CUALES HUBO DIVERSOS REPAROS. VECINOS DEL NUEVO PENAL HABLARON DE LAS AFECTACIONES QUE TENDRÁ LA ZONA.
“Son 80 familias las afectadas. Es una matonería de parte del Gobierno venir a quitarle el sustento. El campesino la produce (la tierra) para asegurar que su familia tenga la alimentación para su bienestar”.
César Cañas, LÍDER COMUNITARIO.
“Dicen que el penal se va a agarrar esa calle y la va a cerrar. Eso le va a afectar al caserío La Suiza para subir desde la carretera, porque esta calle la van a quitar y van a habilitar una por el otro lado”.
Agricultor, HABITANTE DEL CASERÍO EL PERICAL.
Inversiones OMNI, empresa que está a cargo de la construcción del nuevo penal que albergará a 20,000 privados de libertad y que estará ubicado en Tecoluca, San Vicente, es también la empresa que realizó trabajos en la tercera fase del Hospital El Salvador y que construyó el hospital veterinario Chivo Pets, proyectos implementados por el actual Gobierno y a los que se han hecho reparos, según investigaciones realizadas por LA PRENSA GRÁFICA.
Este periódico confirmó equipos de construcción con los logos de la empresa en el terreno donde se construye el megapenal. Tres trabajadores en el proyecto confirmaron, además, que OMNI es la empresa a cargo del proyecto.
En junio de 2021, una investigación de este medio reveló que la Corte de Cuentas de la República encontró cerca de 50 fallas en los procesos de planeación y ejecución de la Fase 3 del HES.
LA PRENSA GRÁFICA detalló que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) contrató a Inversiones OMNI para la “instalación del sistema de climatización y diseño, suministro e instalaciones eléctricas para el edificio de tres niveles en parqueo anexo del Cifco, por $10 millones 745 mil 412 dólares”.
Mientras, la construcción del Chivo Pets tuvo un costo de $4.9 millones de dólares y también Inversiones OMNI participó en su construcción. Ese proyecto inició antes de que el Ministerio de Medioambiente evaluara su impacto ambiental y no cumplió con los requisitos legales de inicio de obras.
La obra, según el Gobierno, fue financiada con las ganancias obtenidas en las inversiones en la criptomoneda bitcóin, pero gestionó a través de una entidad privada.
LA PRENSA GRÁFICA le escribió un correo electrónico al ingeniero Luis Dada Jaar, dueño de Inversiones Omni, para obtener su versión sobre la participación en la obra del megapenal en Tecoluca; sin embargo, no hubo respuesta de su parte hasta el cierre de esta nota.
Dada también es el actual presidente de la Cámara Salvadoreña de la Construcción (CASALCO), según su página web; su periodo concluye este año.
Las preguntas enviadas por este medio eran referentes al costo de la obra, la adju
dicación, su planeación y si hubo consorcio con otras empresas para realizarlo, pues las autoridades gubernamentales tampoco han dado detalles sobre ello.
AFECTACIONES AL LUGAR
El megapenal ideado para atender la sobrepoblación carcelaria generada con las miles de capturas durante el régimen está siendo construido sobre “cientos de miles de metros” que eran destinados a siembras de maíz y caña de azúcar. Según relatan los lugareños, cerca de 80 agricultores fueron afectados por la obra.
César Cañas, que trabaja con una organización comunitaria en el municipio de Tecoluca, que está a tres kilómetros del megapenal, señaló que hubo una “matonería” por parte del Gobierno al llegar a quitarles el sustento a las familias que producían en esos terrenos.
Además, señaló las afectaciones que podrían ocurrir al crear un centro penitenciario tan grande, pues afectarán las fuentes de agua de las comunidades que residen cerca. Cañas dice que tiene conocimiento de la perforación de tres pozos, cuya profundización afectará los nacimientos de agua que tienen las comunidades. Aparte está la contaminación ambiental que generará. “¿A dónde irán a parar las aguas residuales de 20 mil reos?”, cuestionó Cañas.
También dijo que son aproximadamente 80 los campesinos afectados en sus tierras. Él logró hablar con uno de los afectados y esta persona le confirmó que la obligaron a vender su terreno. Le pagaron a $1 la vara cuadra y sostuvo que después de las 10 manzanas que vendió forzosamente, que equivalen a 10 mil varas cuadradas, con ese dinero no ha podido comprar un terreno que iguale la calidad y productividad que generan las tierras que tenía en el caserío El Perical.
Otro de los lugareños que tiene milpa a un par de kilómetros de la construcción sostuvo que todos los agricultores fueron obligados a vender y que a algunos aún no les han pagado. “Acá la gente no sabía nada. No mira que ya tenían abonado los cañales pues y después les dijeron que ya no podían hacer eso, y ya había invertido”.
El agricultor dijo que donde está siendo construido el penal eran terrenos para sembrar grandes cañales.