DURANTE RÉGIMEN
TAMPOCO ENTREGAN DATOS SOBRE HOMICIDIOS Y DESAPARICIONES.
l Instituto de Medicina Legal (IML) de El Salvador, adscrito a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), no lleva registro de las personas privadas de libertad bajo el régimen de excepción que han fallecido y a las que se les ha practicado autopsia.
Efe solicitó a la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de la CSJ un informe sobre estas autopsias, pero en su resolución, fechada el 21 de junio, apunta a que es “información inexistente”.
La entidad proporcionó un memorando emitido por Agustín Alfredo Campos, jefe del Departamento de Información Estadística del IML, quien señala que “es información no existente”. Afirmó que el médico forense o perito “es incompetente de afirmar que los cuerpos en estudio pertenezcan o no a una persona privada de libertad, motivo por el cual lo solicitado es información no existente”.
Esta es la tercera instancia estatal que dice no poseer el registro de cuántas personas detenidas durante el régimen de excepción han fallecido bajo custodia estatal. El Ministerio de Salud respondió a una solicitud similar de información que “no se cuenta” con los datos de las personas privadas de libertad, en el marco de un
Erégimen de excepción vigente desde finales de marzo, que han fallecido en hospitales públicos.
Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) declaró “inexistente el reporte estadístico” sobre las órdenes de captura emitidas y las detenciones, además de la cantidad de personas detenidas y fallecidas.
Efe/david Bernal
De acuerdo con organizaciones humanitarias, son unas 46 personas las que han fallecido bajó custodia estatal durante el régimen de excepción, aprobado por el Congreso desde finales de marzo tras una escalada en los homicidios.
Pero las estadísticas sobre los fallecidos en el régimen de excepción no son lo único que las instituciones se han negado a brindar. La Revista Gato Encerrado publicó ayer que la FGR declaró inexistentes los datos sobre delitos de homicidios, desapariciones y violencia contra la mujer cometidos entre el 1 de marzo y el 1 de junio de 2022. “Las bases de datos del sistema automatizado se encuentran en proceso de actualización”, externó la Fiscalía ante la petición de información.
El mismo medio también publicó que la Policía declaró los datos sobre homicidios y desapariciones como “información reservada”.