ECONOMÍA AFECTADA
La afectación de las protestas contra el Gobierno de Ecuador a la economía del país alcanzó este domingo los $500 millones tras 14 días de movilizaciones por la carestía de la vida, según las estimaciones dadas a conocer por el ministro de Producción, Com
ción política, Jaime Nebot. Sin embargo, CREO logró lazos para formar su mayoría en el legislativo con la Izquierda Democrática y Pachakutik (brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaie). De este modo obtuvo la presidencia de ese organismo, pero ese acuerdo también se derrumbó con el tiempo y con ello su control de la Asamblea.
Por eso, el 31 de mayo, es decir, un año después, 81 legisladores opositores votaron por destituir a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori. Así terminó un periodo en el que la contienda política había prácticamente borrado los roles legislativos y de fiscalización de ese poder del Estado.
“Está claro que al sacar a Guadalupe Llori de la Presidencia de la Asamblea, más allá de la evidente incapacidad de generar consensos, los opositores buscaban influir en los procesos de fiscalización de manera más directa, poder realizar juicios políticos a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para detener su impulso de designar al Contralor General del Estado, así como también designar a otras autoridades del Estado”, señala Marcelo Espinel, coordinador del Observatorio Legislativo, de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.
Para contextualizar, esa entidad designa autoridades como el fiscal general, el contralor, el defensor del Pueblo, entre otras, y el Gobierno busca evitar que esos cargos queden en manos de la oposición y en especial del correísmo.
Para el periodista especializado en temas legislativos y del poder público, Alfonso Albán, en política casi nada es coincidencia.
“Considero que el objetivo principal de la oposición al destituir a Guadalupe Llori es captar el Consejo de Participación Ciudadana, con la destitución de sus consejeros, y más allá de ello también hay otros hechos muy claros que te llevan a esa lectura”, explica el periodista guayaquileño.
Según Espinel, en medio de esta pugna por sumar poder se habla de la existencia de un supuesto pacto en la Asamblea entre el correísmo izquierdista y la derecha opositora a Lasso, una alianza muy puntual y coyuntural, irreconciliable, sobre todo, cuando se trata de temas económicos y de derechos. “Encuentran un punto en común: la designación de autoridades de control. A la larga ahí está la gallina de los huevos de oro”, concluye.
Este ha sido el problema estructural y de fondo de la Asamblea en el último año, al que se han sumado escándalos que incluyen denuncias por coimas, conductas inapropiadas, como cuando una asambleísta dijo en una reunión orgánica que “si roban, roben bien, pero no se dejen ver las cosas, compañeros”, y una relación con un prófugo vinculado con el narcotráfico.
Este tema, el narcotráfico, también ha sido uno de los problemas de coyuntura, sobre todo, desde el año pasado, cuando se recrudeció la violencia en las cárceles por la lucha del poder entre bandas de narcos. Esa lucha también se libra en las calles, donde mueren niños, adolescentes y adultos que no pertenecen al crimen organizado. Hoy los niveles de criminalidad se evidencian en las más de 1800 muertes violentas registradas en lo que va de 2022, mil muertes más que en 2021, un año que a su vez había superado el umbral de 2020.
“El país no tiene una política contra el crimen organizado. Y eso es lo más grave. Tampoco se tiene claro cuáles serán las políticas para mejorar la seguridad ciudadana, es decir, que se afecta por los robos a personas, robos de vehículos, celulares, etcétera. Más allá de ciertas medidas que pueden catalogarse como populistas o inmediatas, que es la inyección de más recursos para la Policía, no se ve una política integral contra el crimen organizado”, señala Renato Rivera Ron, investigador de la Red Latinoamericana de Análisis de Seguridad y Delincuencia Organizada (Relasedor).
El especialista menciona que Lasso refundó el Ministerio del Interior, desaparecido en el gobierno de Moreno, para enfocar las acciones contra la criminalidad, pero sin la planificación y recursos necesarios, por lo que los esfuerzos podrían diluirse.
Para Rivera, el Gobierno debe replantear esa lucha. Para ello debería cambiar a los funcionarios de niveles altos y medios que, en muchos casos, vienen de los periodos de Moreno y Correa; sanear las filas policiales, estructurar un eficiente cuerpo de inteligencia y agilizar las compras públicas para el sector seguridad, entre otras acciones.
“También falta una integralidad. La política contra el crimen organizado debe venir de una articulación con el sistema penal, judicial, con la Fiscalía, con el Consejo de la Judicatura”, señala el investigador. Describe así a grandes rasgos un problema tan complejo “que el Estado debe pedir ayuda a otros niveles y en otras latitudes”.
Ante ese y el resto de problemas que orbitan en lo económico y social, los analistas consultados consideran que el presidente Guillermo Lasso primero debe recobrar la gobernabilidad, con base en su discurso de campaña: El Gobierno del encuentro.
“Son necesarias mesas de articulación, mesas de diálogo, pero también hay algo fundamental que se construye desde el discurso, es decir, las declaraciones del presidente Lasso en entrevistas, en eventos, tienen que ir en otra línea comunicacional. Debe bajar la retórica tan elevada. Que empiece a reconocer a sus adversarios como legítimos, no como enemigos que hay que destruir. Hablar con mucha más sensatez, cordura, tomando en cuenta lo que él dijo en campaña, los valores que decía proteger, el estado de derecho, la libertad, la democracia”, comenta el analista Cabrera.
En ese sentido, Cabrera sugiere implementar una alianza política, por ejemplo, con las fuerzas que despuntan en la Asamblea, de forma pública y no a puerta cerrada, con términos claros y que sean cumplidos. Solo así se podrá solucionar problemas tan apremiantes como la movilización indígena, que incluye carreteras bloqueadas en la sierra, desabastecimiento en mercados de la costa y una sensación generalizada de inseguridad y anarquía. Un movimiento cuyos efectos pueden ser demoledores para una sociedad que aspiraba a la recuperación económica tras varios años de estancamiento.