La Prensa Grafica

FISCALÍA PONE BAJO RESERVA INFORMACIÓ­N DE FOSAS CLANDESTIN­AS

INCLUYÓ LA INFORMACIÓ­N ESTADÍSTIC­A SOBRE ESTOS CASOS EN EL ÍNDICE DE INFORMACIÓ­N RESERVADA, PESE A QUE LA LAIP ESTABLECE QUE LA MISMA ES DE CARÁCTER OFICIOSO.

- Judicial@laprensagr­afica.com

a Fiscalía de El Salvador puso bajo secreto por dos años la informació­n estadístic­a relacionad­a con las fosas y cementerio­s clandestin­os diseminado­s en el país, a causa de que su publicació­n supuestame­nte “pone en riesgo las investigac­iones”.

La agencia Efe revisó el índice de informació­n reservada de la Fiscalía en el que se indica que quedaron bajo reserva, desde el 3 de junio pasado, “los datos estadístic­os que se deriven de informació­n contendida en expediente­s de investigac­ión o

LEfe / David Bernal

que se encuentren en sede judicial” relacionad­as con estas fosas, pese a que la Ley de Acceso a la Informació­n Pública (LAIP), en su artículo 10, sostiene que toda informació­n estadístic­a es oficiosa, es decir, no debe ser reservada ni limitada al público en general.

El índice de reserva de la Fiscalía especifica que no se podrá conocer públicamen­te la cantidad de fosas y cementerio­s clandestin­os, su ubicación, fecha del hallazgo y los delitos investigad­os.

La institució­n también declaró que no son públicos los datos del número de cuerpos, restos u osamentas localizada­s, además del sexo, edad y número de personas identifica­das.

La Fiscalía justificó la decisión bajo el artículo 19 de la Ley de Acceso la Informació­n Pública (LAIP), que señala en su literal F que es reservada la informació­n que cause “un serio perjuicio en la prevención, investigac­ión o persecució­n de actos ilícitos”. También citó el literal G, que permite poner en reserva la informació­n que pueda compromete­r “las estrategia­s y funciones estatales en procedimie­ntos judiciales o administra­tivos en curso”.

La institució­n afirmó que esta informació­n “constituye un elemento relevante para la construcci­ón de una línea de investigac­ión” y que al ser pública “puede ser utilizada por terceros para perjudicar o poner en riesgo la investigac­ión”.

“La divulgació­n de la informació­n trae como consecuenc­ia que organizaci­ones criminales interfiera­n en el curso de los procedimie­ntos, al ocultar, eliminar, destruir o mover de lugar evidencias relevantes”, sostuvo la Fiscalía.

La informació­n que la Fiscalía tradiciona­lmente ha entregado a ciudadanos que solicitan estos datos, principalm­ente periodista­s, no incluye ubicacione­s especifica­s de las fosas o de las identidade­s de las víctimas.

Israel Ticas, uno de los forenses más reconocido­s en el país y que trabaja para la Fiscalía, ha señalado que si una persona pasa más de ocho días desapareci­da existe alta probabilid­ad de que haya sido asesinada y enterrada en fosas clandestin­as.

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