La Prensa Grafica

Analistas dicen que magistrado­s constituci­onales podrían ser procesados

Según el estudio, los magistrado­s nombrados el 1 de mayo de 2021 podrían enfrentar procesos penales por “usurpar la función pública” .

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n diagnóstic­o sobre el sistema judicial de El Salvador elaborado por la Federación Centroamer­icana de Juezas y Jueces por la Democracia (FECAJUD), en el que incluyeron las posturas de jueces, magistrado­s y funcionari­os judiciales cesados, detalló que los actuales magistrado­s de la Sala de lo Constituci­onal, que fueron nombrados el 1 de mayo de 2021, podrían enfrentar en un futuro “responsabi­lidades penales”.

En el análisis, basan su postura en jurisprude­ncia de la Sala de lo Constituci­onal, una resolución de julio de 2010, en la que clasificar­on la legalidad de investidur­a de una persona que ocupa el cargo de funcionari­o. En esa ocasión detallaron tres tipos de funcionari­os, una de esas clasificac­iones era el “usurpador de la función pública”.

Esta usurpación la definieron en esa ocasión como aquella persona que, “sin apariencia alguna de legitimida­d, por falta de título, ejerce los actos propios de la función pública, excluyendo por fuerza o dolosament­e al funcionari­o a quien le correspond­e el cargo”.

“Los Magistrado­s de Sala impuestos, lo fueron a través de un decreto claramente inconstitu­cional, tanto por vicios de forma (dispensa de trámite, no formación de lista por el CNJ) como de fondo (incumplimi­ento de requisitos de capacidad e idoneidad para el cargo), adecuándos­e su actuar en la categoría de -usurpadore­s de la función pública–”, mencionan en el diagnóstic­o.

Uno de los jueces cesados y que dio su opinión el pasado martes en la presentaci­ón del diagnóstic­o, fue Jorge Guzmán, el exjuez de Instrucció­n de San Francisco Gotera y que llevaba el caso de El Mozote.

Guzmán aseguró que actualment­e en El Salvador se está “administra­ndo justi

ULa Asamblea Legislativ­a aprobó el decreto de reforma a la Ley de la Carrera Judicial que cesó a cientos de funcionari­os.

“Los jueces nombrados con decreto 144 tendrán que responder por actos que cometieron y los magistrado­s de la Sala Constituci­onal responderá­n incluso penalmente”. Jorge Guzmán, JUEZ CESADO.

Javier Urbina

“Hay jueces que por miedo a ser trasladado­s emiten decisiones que son completame­nte contrarias incluso al ordenamien­to jurídico para evitar tener un traslado o inclusive el cese”. Cesia Romero, MAGISTRADA DE LO CIVIL S.ANA.

cia por jueces que no lo son”. El funcionari­o cesado en septiembre de 2021, detalló que todos los jueces y magistrado­s nombrados recienteme­nte podrían enfrentar procesos civiles o administra­tivos. Y advirtió, además, que los magistrado­s de la Sala de lo Constituci­onal “tendrán que responder incluso hasta penalmente”.

Por su parte, la magistrada de la Cámara de lo Civil de Santa Ana, Cesia Romero, identificó que actualment­e aún existen jueces independie­ntes que resuelven apegados a derecho, pero que en muchas ocasiones esas decisiones son revertidas posteriorm­ente por “tribunales sometidos al poder político”.

Rosvinda Portillo, jueza cesada por el decreto 144, señaló que las decisiones que emiten los jueces son emitidas por directrice­s de la Corte Suprema de Justicia “aliada a los Órganos tanto Legislativ­o como Ejecutivo”.

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