Estado tendrá más control de la población con reformas a leyes
Especialistas consideran que el acceso que Seguridad tendrá a la base de datos de las operadoras no será solo para sospechosos, sino que puede aplicarse para todos los ciudadanos de interés.
“Se reduce la facultad de la PDDH en las auditorías al Centro de Escuchas Telefónicas de la FGR. Esto es grave, ya que se pueden cometer abusos y llevar a vulnerar el derecho a la privacidad y a la intimidad de la población”.
Karoline Alvarado, DEL SSPAS. LEY ESPECIAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES FISCALIZACIÓN
Especialistas aseguran que algunas reformas propuestas a la Ley de Telecomunicaciones y la Ley Especial de Intervención de las Comunicaciones atentan contra la intimidad de los usuarios, mientras que otras son un avance en materia de género.
Las propuestas fueron presentadas por el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, hace unos días y según los especialistas una de ellas en específico atenta contra la intimidad. Es la contemplada en la Ley de Telecomunicaciones artículo 30-A, en su literal b, que ordena a las operadoras a almacenar documentos y fotografías de los usuarios, otorgándole mayor control al Ejecutivo.
Para Karoline Alvarado, técnica de investigación del Servicio Social Pasionista (SSPAS), estas medidas que está tomando el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) corresponden a la supuesta fase tres del Plan Control Territorial, el cual contemplaba recopilar información de carácter personal de toda la población como medida de persecución del delito.
“Desde este punto el MJSP tiene claro que reformar la Ley de Telecomunicaciones contribuye a que el Ejecutivo mantenga una vigilancia más profunda, pero esto no es solo hacia las personas que cometen delitos, sino a la población en general. Si bien el MJSP está amparándose en una ley existente, en el país hace falta una ley especial para regular la recopilación de información personal y los propósitos con los que se usa dicha información, ya sea por medio de teléfonos celulares u otros dispositivos”, aseveró.
Dijo que es necesaria porque la intención de mantener mayor vigilancia y control de manera discrecional por medio de las compañías telefónicas no se trata solo de conocer números de celular o documentos personales, sino que incluye el acceso a datos biométricos, como huellas digitales, lector de iris o rostro. “En ese sentido, las y los salvadoreños podrían perder el derecho a la privacidad e intimidad con las reformas a esta ley”, enfatizó.
Para Carlos Palomo, presidente de la Asociación Transparencia, Contraloría Social y Datos abiertos (Tracoda), estas propuestas merecen un adecuado análisis por de los diputados, sobre todo en definir qué documentos personales son necesarios para el combate a la criminalidad. Asegura que el texto de la reforma no es claro en esos detalles.
“En realidad el texto de propuesta no es claro en cuanto a qué tipo de imagen de los adquirientes se requiere, si solo la imagen del documento de identidad o una fotografía del usuario y si está deberá ser tomada por las compañías o si los usuarios la suministrarán. Hace falta mucha discusión técnica”, aseguró. Dijo que en estas reformas no se habla de la necesidad de contar con autorización judicial para requerir datos de registros de líneas y que esto debería ser obligatorio.
DELITOS LEIV EN LEY ESPECIAL
Sobre las reformas a la Ley Especial de Intervención de las Comunicaciones, ambos destacaron que es positivo que se incluya el feminicidio y los demás delitos contemplados en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y delitos de la Ley Especial contra Delitos Informáticos (LEIV ).
Palomo dijo que este aspecto es sobresaliente, ya que se amplía el catálogo de delitos en los que pueden usarse las intervenciones de las telecomunicaciones y que se facilitaría “la obtención de pruebas para lograr condenas en caso de violencia contra la mujer e inclusive perseguir delitos de desaparición de personas”.
Alvarado dijo que el objetivo de estas reformas es facilitar investigaciones, y por ello lo ve positivo, porque “los delitos cometidos en el ciberespacio suelen pasar desapercibidos en el sistema judicial, sobre todo si los hechos de violencia van dirigidos hacia las mujeres”.
Sin embargo, ambos señalaron como un retroceso que entre las reformas se reduce el trabajo de auditoría de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) ante denuncias de violaciones a la intimidad que podría realizar la Fiscalía General de la República.