CRISIS POLÍTICA Y ELECTORAL EN EL SALVADOR
El contexto actual de la política, caracterizado por cambios jurídicos y procedimentales consecutivos, al ser analizado suscita una batalla ideológica protagonizada por dos partes: una que promociona y presiona por saltarse los límites constitucionales y otra parte defendiendo los límites legítimos establecidos en la Carta Magna y jurisprudencia. Así vemos actores políticos y civiles convertidos en meros instrumentos del poder. En esto llama la atención una Sala Constitucional que entró al poder y para muchos por una vía procesal ilegítima, en 2021, y que emitió la sentencia I-2021 y en su pág. 27 da una interpretación al art. 152 nº 1 de la Constitución que para muchos expertos es sacada debajo de las mangas, totalmente tergiversada, incluso contraria a precedentes constitucionales existentes como la sentencia 163-2013 de 25 de junio de 2014, que dejaba claro que el artículo 152 nº 1 de la Constitución efectivamente establecía expresa y claramente la prohibición de la reelección inmediata del presidente de la República.
La nueva sala mediante esta interpretación ilegítima cambia los antecedentes, afirma que constituyen un error y que el art. 151 nº 1 significa: “NO establece prohibiciones para ser Presidente, sino para ser candidato a Presidente”. Y de esto según la Sala “el período inmediato anterior” se entenderá que hace referencia al período presidencial previo al que se pretende ser candidato a la Presidencia. Pero con esta afirmación solo se observa la incongruencia entre la redacción constitucional y la nueva interpretación que hacen. Además, establece una norma permisiva de la reelección presidencial inmediata y ordena de oficio “al Tribunal Supremo Electoral dar cumplimiento a la presente resolución en lo relacionado con permitir de conformidad con el artículo 152 ordinal 1º que una persona que ejerza la Presidencia de la República y no haya sido Presidente en el periodo inmediato anterior participe en la contienda electoral por una segunda ocasión”.
Esto ha generado una grave confusión y enfrentamiento entre sectores políticos, jurídicos, sociales e internacionales y vemos a ciudadanos, políticos y personas de la justicia y seguridad pública apoyando públicamente la reelección, avalados por la misma sentencia de la sala y que ahora permite estas acciones las que según prescribe el artículo 75 numeral 4 de la Constitución tienen la sanción para la persona perder los derechos de voto y de participación electoral a: “Los que suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuación del Presidente de la República, o empleen medios directos encaminados a ese fin”. Por lo tanto ya no hay sanciones para imponer procesos suspensorios de los derechos políticos de aquellos que promuevan la reelección como: la prohibición de emitir el sufragio y la de participar en cargos de elección popular. Es por esto que hace unas semanas atrás y en los últimos días vemos públicamente a muchos ciudadanos e incluso políticos hablando, promoviendo y apoyando la reelección por medios informáticos y redes sociales como por ejemplo: un sector de los empresarios de buses apoyando la reelección y con cobertura de noticieros televisivos e impresos dando una gran cobertura, y también vimos incluso diputados promoviendo reelección en Estados Unidos.
Así que tenemos un sistema de partidos políticos que se enfrenta al reto de pronunciarse: 1. sobre una posible ilegitimidad de la sentencia por ser posiblemente contraria a la Constitución y jurisprudencia, y 2. por provenir de un poder con sospecha de ser adquirido sin el debido proceso. Además, deberán decidir y analizar no participar en un proceso electoral con un candidato que ha sido presidente en un periodo inmediato anterior y que pone en duda todo el proceso de votación. Y por el contrario, si participan estarían aceptando que la sentencia que permite la reelección es legítima y también el proceso electoral. Si fuera necesario deberían solo participar en las elecciones de diputados y alcaldes para recobrar el equilibrio de fuerzas necesario para fortalecer la democracia.