Pedirán a CIDH inicie caso relacionado a Chivo Wallet
Según Cristosal, el estado salvadoreño no ha protegido los datos de los afectados.
Ruth Eleonora López, CRISTOSAL.
ristosal informó ayer que pedirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que inicie un caso contra el estado salvadoreño porque no ha protegido a la población frente a la empresa Chivo S. A. de C. V., que ha vulnerado la vida privada y la autodeterminación informativa, como lo establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La organización sostiene que buscará instancias internacionales porque en el país no están funcionando las instituciones competentes. Tal es el caso de la Sala de lo Constitucional, que aún no resuelve la demanda de amparo que presentó Cristosal hace un año contra la empresa Chivo S. A. de C. V.
Ruth Eleonora López, jefa del área Anticorrupción y Justicia de Cristosal, manifestó que acudirán a la CIDH porque el gobierno no está garantizando los derechos
CMILLONES
SON LOS QUE EL GOBIERNO HA UTILIZADO HASTA HOY, DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, PARA COMPRAR BITCOINES. a la población. “No hay una institución que garantice los derechos de la ciudadanía. Hace más de un año, acudimos con un amparo contra particulares frente a la Sala de lo Constitucional, pero un año después no han atendido la solicitud. Esto es sumamente importante porque evidencia no solo la cooptación de las instituciones estatales, sino la falta de transparencia con la que se maneja el gobierno”, aseveró.
En la demanda ante la Sala aseguran que no hubo protección de identidad y datos personales para 228 víctimas afectadas por suplantación de identidad en la billetera electrónica Chivo Wallet.
Sobre este mismo tema, López detalló que presentaron un escrito ante la Corte de Cuentas de la República (CCR) para que informe sobre las investigaciones del uso de recursos en la construcción de cabinas, adquisición de cajeros, la instalación de la plataforma y la aplicación para la convertibilidad y manejo del bitcóin.
La denuncia fue presentada hace un año y está a cargo de la Coordinación de Dirección de Auditoría de la CCR, pero hasta el momento no hay avances.
En el documento presentado Cristosal también señala que la compra del bitcóin fue irregular, ya que no está regulado el procedimiento de compra y venta de los criptoactivos y que esto “deja el uso de millones de dólares provenientes de los impuestos de los salvadoreños sin control y bajo exclusivo arbitrio de quien maneje la cuenta de criptomonedas, sin que tenga facultades legales ni constitucionales”.
Cristosal también informó que el pasado miércoles presentó una demanda de inconstitucionalidad contra las reformas a la Ley del Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL) porque consideran que permiten reservar toda la información relativa a las operaciones de los fideicomisos que BANDESAL administra.
Entre estos fideicomisos se encuentra el FIDEBITCOIN, que fue constituido con $150 millones, y FIREMPRESA, con $600 millones.