Profundiza además en los retrocesos de América Latina.
La experta en derecho penal habla sobre la importancia de las sentencias de la Corte IDH, y explica que están sobre las leyes internas y sobre la Constitución. ¿QUIÉN ES?
Por Claudia Espinoza osaura Chinchilla Calderón es jueza penal en Costa Rica, además de académica y especialista en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Recientemente visitó El Salvador para analizar el impacto de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que condenó a El Salvador por la muerte de Manuela, una mujer que murió por no recibir atención médica oportuna cuando sufrió una emergencia obstétrica y en lugar de ello fue criminalizada.
Chinchilla fue invitada por la Agrupación por la Despenalización del Aborto y el Centro de Derechos Reproductivos para hablar sobre las implicaciones de esta sentencia, pues a un año de haberse emitido el Estado salvadoreño aún no cumple con lo ordenado y analiza cómo esto puede repercutir en el país y la región.
RNo conozco a profundidad la situación de El Salvador, pero no es muy diferente a la que tenemos en los otros países de América Latina, donde por una tradición histórica el derecho interno es el que ha tenido algún nivel de preponderancia y eso ha ido cambiando, aunque lento.
Cuando la Corte Interamericana da un viraje y establece la vinculatoriedad de sus pronunciamientos, al margen de que el Estado haya sido o no condenado por ese pronunciamiento en concreto, surge la noción de control de convencionalidad que nos obliga a todos los funcionarios y funcionarias de todos los países que hayan suscrito la Convención Americana.
Entonces lo que va a predominar son los instrumentos o los tratados, convenios, convenciones de derechos humanos, lo que al respecto haya dicho la Corte y por debajo de eso, está la Constitución y las leyes, porque la Convención de Viena señala que cuando un país firma un tratado no puede alegar su derecho interno para desconocerlo, incluyendo la Constitución.
En este caso, la tarea que nos corresponde en Centroamérica en este tema en particular del aborto, de los derechos sexuales y reproductivos, es tomar y aplicar los contenidos que ha indicado la Corte, por ejemplo, en el caso Manuela y los que vendrán.
Una de las consecuencias de la sentencia, y que lo señala con mucha fortaleza, es originar cambios en la ley a efecto de que no se penalicen ciertas formas de aborto y que no se utilicen las mismas sanciones que se utilizan para el homicidio. Este tema necesariamente tendrá que ser revisado legislativamente.
Sobre los datos médicos, hay dos derecho humanos que están en juego, uno que es el derecho a la intimidad y el otro el derecho a la salud, y en consecuencia, la Corte enfatiza la necesidad de que los estados obliguen y establezcan la protección a su personal médico para que atiendan la privacidad de los datos médicos de las personas y atiendan la salud en primer lugar y que no conviertan a sus médicos y enfermeras en agentes de policía, que es lo que se logra cuando lo primero que se les obligaba es seguir un protocolo de denuncia y luego atender la emergencia.
ROSAURA CHINCHILLA Jueza penal
TRAYECTORIA: Jueza desde 1992. Investigadora y catedrática, experta en el Sistema Interamericano de DD.HH.
Es muy lamentable. Aunque veo con mucha satisfacción las acciones de la Procuraduría General (PGR). Primero por aceptar su responsabilidad en el hecho; segundo, por impulsar los cambios que sean necesarios en esa medida. Es un ac