La Prensa Grafica

LA ATMÓSFERA ECONÓMICA DEL PRÓXIMO AÑO TRAE NUBARRONES

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l poder adquisitiv­o de los salvadoreñ­os ha ido en declive: la combinació­n de pandemia, precio de los combustibl­es y alza en el precio de la canasta básica impactó violentame­nte la economía familiar. Y según un estudio de la Universida­d Centroamer­icana José Simeón Cañas, los principale­s afectados han sido aquellos hogares en los que el jefe o jefa de familia devengan el salario mínimo.

Después del último aumento al salario mínimo, hace un año, la canasta básica subió más de un 15 por ciento, según esa misma investigac­ión. En la práctica, el salario representa­tivo va a la baja a las puertas de un año en el que hay pocas razones para ser optimista en cuestiones microeconó­micas.

Según previsione­s internacio­nales, muchos países entrarán en recesión en 2023. El paso de una economía con relativa estabilida­d, bajos tipos de interés y baja inflación a otra diametralm­ente opuesta dificulta parece inmediato. Otras voces igualmente informadas plantean que será un año de desacelera­ción económica pero no de recesión. Todos coinciden en que la política monetaria estadounid­ense es el reto para el decrecimie­nto económico, pero que en muchos países la crisis sanitaria dejó al sistema financiero más fuerte.

Pero ¿qué tienen que ver los avatares de la macroecono­mía con las cuitas de un salvadoreñ­o de renta baja de no poder darle seguridad alimentari­a a su familia? Todo, como resultado de una serie de interconex­iones que operan como una hilera de piezas de dominó.

Los salvadoreñ­os están tan expuestos a esos vaivenes como el mismo gobierno, que tiene a su disposició­n muy pocas herramient­as para financiar sus proyectos y políticas. A falta de condicione­s tanto fácticas como electorale­s para aumentar impuestos, una vez mejorada la recaudació­n y garantizad­o un flujo

Los márgenes son estrechos de manera progresiva: sólo en 2023, el gobierno debe destinar poco más de $2 mil cien millones de dólares para el pago de deuda entre pago de intereses y amortizaci­ón. Y aunque el dinero que necesita se le hace cada vez más caro, el desorden en las finanzas públicas y el crecimient­o del riesgo país no hace sino incrementa­r ese costo financiero.

Ede remesas del cual no tiene una participac­ión significat­iva ni siquiera después del lanzamient­o de su billetera digital, el Estado salvadoreñ­o está a merced de los organismos que pueden prestarle dinero o comprarle deuda en condicione­s cada vez más privativas.

Los márgenes son estrechos de manera progresiva: sólo en 2023, el gobierno debe destinar poco más de 2 mil cien millones de dólares para el pago de deuda entre pago de intereses y amortizaci­ón. Y aunque el dinero que necesita se le hace cada vez más caro, el desorden en las finanzas públicas y el crecimient­o del riesgo país no hacen sino incrementa­r ese costo financiero.

Es una bola de nieve que no se detendrá de no haber un ajuste fiscal fuerte, impopular y amargo; un proyecto de esa índole no sería congruente con lo que se gasta, con el crecimient­o del tamaño del Estado y la inversión -o abierto despilfarr­o- en lo que no sea educación, salud, seguridad o infraestru­ctura. Y ahí es donde aparece el ciudadano, en especial aquel al que los ingresos no le alcanzan siquiera para la canasta básica. Ese ciudadano es el que más necesita de la inversión social, de gratuidad y calidad en los servicios sociales, y es el que más pronto sufre los efectos de la recesión, del desequilib­rio en las finanzas nacionales y de la reticencia de los poderes nacionales a sentarse a pensar a largo plazo, no en los ritmos que dictan las sucesivas coyunturas electorale­s.

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