La Prensa Grafica

“En distintas manifestac­iones, expresione­s y contextos, la violencia contra las mujeres se da en función de que son mujeres, no por su competenci­a política, no por su capacidad profesiona­l”.

- Gabriela Villarroel politica@laprensagr­afica.com

Eduardo Núñez, DIRECTOR PAÍS INSTITUTO NACIONAL DEMÓCRATA.

“La violencia contra las mujeres se da en función porque son mujeres, no por su capacidad u otros factores. Según el informe, los principale­s agresores son hombres que se esconden en el anonimato de las redes, aunque también los ataques son realizados desde el interior de los mismos partidos políticos en esas luchas de poder que se dan al interior de los partidos”, mencionó la consultora.

Rivas también dijo que la violencia sexual se da principalm­ente en las redes sociales en forma de acoso, mientras que en el ámbito de la violencia física “recopilaro­n testimonio­s de mujeres que dijeron que habían recibido ataques en sus mismas comunidade­s”.

TECHO DE BILLETE

El estudio también reveló que la violencia contra la mujer en la política no se limita a las agresiones psicológic­as, emocionale­s, sexual o física, sino también a las dificultad­es que estas encuentran para poder tener financiami­ento de cara a eventos electorale­s.

“Es más fácil para un hombre tener apoyo financiero para un evento electoral que para una mujer. Muchas veces se cuestiona el por qué de la decisión de una mujer de involucrar­se en la política partidaria”, mencionó Rivas.

Entre tanto, Eduardo Núñez, mencionó que uno de los objetivos que persigue la investigac­ión es poder aportar a la eliminació­n o erradicaci­ón de la violencia contra la mujer en la política, aunque para ello, dijo, se necesita de la participac­ión activa de institucio­nes del estado como el TSE y el Instituto de Desarrollo de la Mujer (ISDEMU).

“Lo que queremos es comenzar a trabajar con institucio­nes claves del estado como el TSE y el Instituto de Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) en traducir los hallazgos de este estudio, pero particular­mente en hacer efectivo los marcos normativos con los que cuenta El Salvador para que esas leyes se apliquen de cara a los procesos electorale­s de febrero y marzo de 2024”, aseguró el representa­nte de NDI en El Salvador.

Y es que a criterio de Núñez y Rivas, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV ), aunque es calificada como una de las normativas más modernas de Latinoamér­ica, tiene aún algunas deficienci­as para poder dotar de más elementos que condenen la violencia contra la mujer en la política.

“Un punto a destacar es que la violencia política contra las mujeres no es un delito en El Salvador. Sí es una arista, pero no es un delito como tal”, mencionó Rivas.

Ante ello, Núñez y Rivas señalaron que se debe trabajar en conjunto entre TSE, Asamblea Legislsati­va y sociedad civil en realizar reformas que permita endurecer las penalidade­s por estas expresione­s de violencia.

Diputados de la Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativ­a comenzaron ayer el estudio de una reforma al Código de Trabajo para ordenar un reinstalo inmediato de todas las mujeres que han sido despedidas mientras se encontraba­n en estado de embarazo, como parte del cumplimien­to de un fallo de la Sala de lo Constituci­onal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La Asamblea tiene un plazo de cuatro meses para dar cumplimien­to a la sentencia de inconstitu­cionalidad de la Sala, emitida el 30 de septiembre de 2022, que le ordenó a los diputados legislar sobre las facultades legales que tienen los jueces para reinstalar a mujeres embarazada­s que han sido despedidas por sus empleadore­s.

El presidente de la Comisión, Edgardo Mulato, aclaró que ya existe una regulación para que las personas que estén embarazada­s y en puerperio gocen de estabilida­d laboral; sin embargo, “aún falta legislar cómo”, según dijo.

La diputada Evelyn Merlos, de Nuevas Ideas, explicó que la sentencia de la Sala revela una “deficienci­a” en el artículo 113 del Código de Trabajo, “debido a que el juez no tiene facultades para reinstalar a una mujer embarazada en el caso que sea despedida”.

“Si una mujer ha sido despedida en su período de gravidez (embarazo), queda a criterio del juez si ordena el reinstalo o no. Ahora, la Sala lo que ordena es que si durante el embarazo es despedida, como medida cautelar, se ordene un reinstalo inmediatam­ente”, explicó.

Los legislador­es acordaron convocar a jueces de lo laboral y a las diputadas de Nuevas Ideas Suecy Callejas y Alexia Rivas, presidenta­s de la comisión de la Familia y de la Mujer.

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