LA OPOSICIÓN Y SU CITA CON LA HISTORIA (I)
Nayib Bukele ha decidido atropellar la Constitución y convertirse así en el primer gobernante salvadoreño del siglo XXI en ejercer una dictadura personalista, tal como lo hizo en el siglo pasado Maximiliano Hernández Martínez (que destaca en nuestra historia, precisamente, como el último tirano). Desde 1944, en efecto, nadie había tratado de perpetuarse en el poder. Bukele no solo pretende hacerlo, sino que lo hace a la cabeza de una administración que arrastra graves señalamientos de corrupción, pecado que ni siquiera sus peores detractores endilgan al Gral. Martínez.
¿Pero por qué en casi 80 años ningún mandatario había tratado de ir más allá del periodo presidencial legalmente constituido? Esta pregunta da para mucho, incluyendo reflexiones de gran calado político, sociocultural y antropológico; esta vez, sin embargo, apresuraré una conclusión menos compleja.
Para empezar, Nayib Bukele tiene la ambición, el analfabetismo democrático y la inmadurez psíquica que requiere una aventura semejante. (Todo aspirante a déspota sufre algún grado de desequilibrio, tanto mental como moral). A ello debemos sumar la oportunidad histórica que los votantes, desencantados y manipulados, han puesto a sus pies, con una mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa y unos niveles de credulidad inauditos, al punto de entregarle porciones considerables de libertad a cambio de dádivas y falsas seguridades. A ningún otro político se le habían dispensado, como a él, tantas excentricidades y caprichos; nadie, en tiempos de paz, había inoculado tanto miedo y causado tanta dejación de deberes en tan amplios sectores de la sociedad.
Hoy Bukele no quiere únicamente consolidar y ampliar sus poderes, sofocando el Estado constitucional de derecho, sino que está dispuesto a trastocar el sistema entero para reafirmarse en 2024. Con este objetivo, aparte de manosear digitalmente los resultados, el régimen también puede caer en la tentación de reprimir todo asomo de resistencia ciudadana o partidaria. ¿Qué tendría que hacer, entonces, la oposición? ¿Debe participar en los comicios presidenciales a pesar de los indicios de fraude? ¿Es que acaso acudir a la cita electoral no constituye una forma de legitimar el desigual escenario político construido por el bukelismo?
Comencemos por lo más obvio: nada ni nadie puede volver legítimo lo que desde su raíz es ilegítimo. La reelección presidencial nace de una abierta violación a la ley máxima del país, y ese lamentable hecho jurídico y político no dejará de ser verdad por la participación de la oposición en las elecciones. Para decirlo claro, así tenga o no tenga enfrente adversarios reales, Nayib Bukele en 2024 estará pisoteando nuestra Carta Magna. Punto. Y así debe denunciarse, sin paliativos, hasta el día de los comicios, porque el art. 73 nos impone a los ciudadanos el deber de “cumplir y velar porque se cumpla la Constitución de la República”.
Pero la justa electoral será legal, como también lo será cualquier participante que cumpla con los requisitos establecidos. El único competidor fraudulento en la elección presidencial de 2024 será el presidente, pues es justamente a él a quien la ley le prohíbe reelegirse. ¿Por qué la oposición habría de autoexcluirse de los comicios teniendo tan legítimo derecho a disputarle el poder a un violador de la ley?
La no comparecencia en las elecciones, por otra parte, envía un mensaje contradictorio a la ciudadanía. Si la oposición desea rescatar la democracia, la vía democrática de los comicios es obligatoria. Esta decisión es independiente de la actitud antidemocrática del régimen, porque es obedeciendo a la Constitución que se acude a una cita electoral y no porque Bukele cumpla o incumpla la ley.
El rechazo a participar, además, evita que se sumen delitos políticos sobre el oficialismo, pues no es igual que el presidente “gane” contra nadie que verse obligado a despojar a un adversario de su legítimo derecho a ser elegido. Competir sin competencia es bochornoso, por supuesto, pero el gobierno acumularía mayores ilegalidades si encima debe anular a una verdadera alternativa opositora.
Más argumentos el próximo martes.
Comencemos por lo más obvio: nada ni nadie puede volver legítimo lo que desde su raíz es ilegítimo. La reelección presidencial nace de una abierta violación a la ley máxima del país, y ese lamentable hecho jurídico y político no dejará de ser verdad por la participación de la oposición en las elecciones.