La Prensa Grafica

1,815 MUJERES FUERON DESPLAZADA­S ENTRE ENERO Y OCTUBRE DE 2022

Las mujeres denuncian que las pandillas y los cuerpos de seguridad son los principale­s causantes de su desplazami­ento forzado.

- Claudia Espinoza judicial@laprensagr­afica.com

Según los datos de desplazami­ento forzado interno registrado­s por Cristosal y el Servicio Social Pasionista (SSPAS) desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre de 2022, las dos organizaci­ones atendieron a 1,815 mujeres en situación de desplazami­ento y también atendieron a 14 mujeres trans.

Según los datos brindados por Karla Rodríguez, investigad­ora senior de Cristosal, la institució­n atendió desde enero hasta octubre de este año a 1,125 mujeres en situación de desplazami­ento forzado.

El mayor porcentaje, 35.6 %, correspond­ía a mujeres entre 30 a 59 años. Seguido del sector de 0 a 17 años, con 32.1%.

El SSPAS también llevó un registro de mujeres que han tenido que desplazars­e. De enero a octubre han atendido a 550 víctimas y la edad del sector más afectado es de mujeres de 30 a 59 años , seguido de las jóvenes de 18 a 29 años.

Los datos fueron presentado­s ayer en el conversato­rio “Resistenci­a y lucha: violencia contra las mujeres diversas en situación de desplazami­ento en El Salvador”. En él las ponentes hablaron de las situacione­s vividas por las mujeres, las cuales denuncian que los principale­s victimario­s siguen siendo las pandillas y los agentes policiales.

Aseguran que muchas mujeres han tenido que huir de sus hogares porque eran buscadas por la policía para ser capturadas por el régimen de excepción.

Enfatizaro­n que las víctimas deberían recibir atención y protección dictaminad­os por la Ley Especial para la Atención y Protección Integral de Personas en Condición de Desplazami­ento Forzado Interno, pero que en la realidad esta no se aplica como debe ser.

Rodríguez indicó que es necesario operativiz­ar dicha normativa, ya que por el momento “no funciona”. Además, las organizaci­ones dijeron que por el momento atienden “una tarea que le correspond­e al estado” y que por ello se vuelve necesario que se creen políticas públicas que protejan de forma integral a las mujeres diversas contra la violencia y que también repare a las que ya fueron víctimas.

“La ley de Desplazami­ento habla que las institucio­nes del estado se deben articular para brindar una coordinaci­ón, para brindar una atención diferencia­da, pero no se está dando”.

Marleny Hernández, DEL SSPAS,

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Datos. Organizaci­ones sociales y feministas brindaron los datos en un conversato­rio, ayer.

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