ES LETRA MUERTA
La Ley de Urbanismo y Construcción establece que los municipios son los que tienen la competencia de elaborar, aprobar y ejecutar planes de desarrollo urbano y rural (instrumentos para ordenar el desarrollo físico del municipio) enmarcados en los Planes Nacionales o Regionales de Vivienda y Desarrollo Urbano bajo la responsabilidad del gobierno central. La ley, en sus primeros dos artículos, establece que es requisito “destinar para jardines y parques públicos una fracción de terreno equivalente al 10 % como mínimo del área útil del inmueble a urbanizar, cuando se ubique en las ciudades o centros poblados existentes; y 12.5 m² como mínimo por lote a parcelar, cuando se ubique fuera de los centros poblados existentes”. Por ley se obliga a las alcaldías y al Ministerio de Obras Públicas a velar por el debido cumplimiento de lo preceptuado (art. 9).
El Reglamento de la Ley define por área verde “el área destinada a la recreación al aire libre para uso público y/o comunitario”. Y establece que (art. 34) “ninguna recepción final podrá autorizarse sin que el constructor haya presentado a la autoridad competente, la constancia de donación en concepto de áreas verdes, de equipamiento social y de vías públicas. El Reglamento obliga al constructor a donar y equipar las áreas verdes con luminaria, mecha para agua potable y aguas negras y drenajes superficiales para aguas lluvias. Los representantes del Estado deben cumplir con la Ley y el Reglamento.
Las áreas verdes tienen dos funciones: para actividad recreativa y para función ecológica. Las áreas verdes recreativas, dice el Reglamento, deben “ubicarse centralizadamente con relación al área de influencia, estar comunicadas por vías vehiculares o peatonales y contar con equipamiento mínimo para los diferentes grupos de edades”. Si esto se cumpliera, tendríamos mejor convivencia y cohesión social, menos cárceles, más escuelas y más canchas deportivas.
Los lotificadores, urbanizadores y constructores se han quejado de los requisitos establecidos en ley y su reglamento. Dicen que “encarecen” los proyectos y se han encontrado formas de cumplir registrando como áreas verdes las quebradas, las riberas de ríos, los arriates (que en el Reglamento se definen como área de derecho de vía destinada a la separación del tránsito vehicular y/o peatonal y que se utiliza para fines ornamentales y de arborización) y otros que, sin instrucción notoria, de inmediato se identifica que carecen de vocación para área verde. Sin embargo, “las autoridades” en la práctica han flexibilizado los requisitos.
En nuestras hacinadas ciudades hacen falta parques con fines recreativos y deportivos. Difícil negarlo. Por esto, el esfuerzo de AVEPLAR (Asociación de Vecinos de Los Planes de Renderos) necesita del apoyo de todos. Los Planes de Renderos pertenece a tres municipios: Panchimalco, San Marcos y San Salvador. Esto es un problema serio de administración. ¿A quién le compete dar el servicio de recolección de basura? ¿Hasta dónde llega cada uno? ¿Quién otorga y supervisa los permisos de construcción? ¿Quién es el responsable de administrar, mantener y mejorar las áreas verdes disponibles?
En ese espacio hay denuncias públicas de lo que sucede y de lo que deja de suceder. Basta buscar los antecedentes, las propuestas y las frustraciones de los miembros de AVEPLAR para confirmarlo. Pero en ese espacio, a pesar de la Ley y el Reglamento existentes, el mismo gobierno –local y central– irrespeta la ley y agrede a los ciudadanos. Me imagino que ese es el sentimiento de los vecinos y de muchos ciudadanos a quienes la cosa pública les importa.
Violan la ley. Los tres gobiernos municipales no han sido capaces de parar la iniciativa del Ministerio de Hacienda de irrespetar las inversiones que se han ejecutado para proporcionar a la gente espacios de recreación. Tarde se conoce lo que están haciendo detrás de las puertas del Parque de la Familia que han cerrado. Irónico pero cierto.
La familia, dice la Constitución de la República, es “la base fundamental de la sociedad y tendrá la protección del Estado creando los organismos y servicios apropiados para su integración, bienestar y desarrollo social, cultural y económico”. Es simbólico lo que hacen en el Parque de la Familia. Irrespetan la Constitución de la República y hacen poco o nada por la base fundamental de la sociedad: la familia. Este es el estilo del Órgano Ejecutivo.