La Prensa Grafica

JÓVENES SON PRINCIPALE­S VÍCTIMAS DE VIOLENCIA Y ESTIGMATIZ­ACIÓN

UN ESTUDIO DE LA RED DE JUVENTUDES CONCLUYE QUE LA POBLACIÓN JOVEN EN EL SALVADOR FUE DE LAS PRINCIPALE­S VÍCTIMAS DE VIOLENCIA HOMICIDA DURANTE 2021.

- Laura Jordán judicial@laprensagr­afica.com

Durante 2021 las muertes por violencia dejaron como víctimas a 533 jóvenes de un total de 1,211 homicidios registrado­s. Esto concluye, según el informe “Estados de los derechos humanos de las juventudes diversas en El Salvador - 2022”, que este sector poblaciona­l es uno de los más afectados por la violencia.

La violencia feminicida en mujeres jóvenes es otro de los datos que alertó la Red Juventudes a través del estudio presentado ayer, que tiene el apoyo de la Unión Europea, Oikos, ADES y Plataforma Global El Salvador. El dato sostiene que de 135 feminicidi­os ocurridos durante 2021, en 60 de los casos la víctima fue una mujer entre los 15 y 24 años.

Otro informe de la red en el que evaluaba el rol del Estado en la garantía de los derechos de los jóvenes, publicado en 2020, sostenía que el derecho a la vida para este grupo de población no es respetado.

“La mayoría de muertes por homicidio correspond­e a la población joven. Esto como producto de actos delincuenc­iales ejercidos por personas individual­es, organizaci­ones criminales y por integrante­s de la fuerza pública (PNC y FAES)”, recalcó el estudio.

DURANTE EL RÉGIMEN

El análisis de la Red Juventudes durante el contexto del régimen de excepción recopiló 48 casos de vulneracio­nes registrado­s entre marzo y julio.

“Las juventudes siguen siendo blanco principal de las estructura­s criminales, también uno recurrente de las detencione­s arbitraria­s”, denuncia la Red.

A la vez, sostiene que se han incrementa­do los “abusos y atropellos” hacia jóvenes, pues de 54,000 capturas contabiliz­adas hasta inicios de octubre, el 58.5% correspond­ía a este sector.

Recién aprobado el régimen de excepción diferentes organizaci­ones defensoras de derechos humanos alertaron de que la mayoría de detencione­s que realizaban policías y soldados eran de ciudadanos y ciudadanas de este grupo.

La Asociación Azul Originario (AZO) reveló en abril que siete de cada diez hombres detenidos por la Policía pertenecía­n a las edades entre los 18 y 29 años. Esto representa­ba un porcentaje del 68 %, en el que el 93 % fueron hombres y las mujeres componían un 7 %.

Los datos de AZO detallaban que un 56% de las personas detenidas no tenían tatuajes y solo un 4% los poseía alusivos a

estructura­s criminales.

El 6 de abril, en su primer informe de la coyuntura, la Procuradur­ía para la Defensa de los Derechos Humanos (PPDH) reveló que los hombres jóvenes, menores de 25 años, conformaba­n uno de los sectores a los que más han vulnerado sus derechos durante el régimen.

Dentro de los sectores que más denunciaro­n, hasta ese momento, destacaba por mayoría el de los hombres, con el 88 % de afectacion­es. De este porcentaje 29 presuntas víctimas son menores de 25 años.

Otro de los grupos perjudicad­os durante la medida en curso, aprobada por la Asamblea Legislativ­a el 27 de marzo, es el de los adolescent­es.

De acuerdo con datos del Estado salvadoreñ­o, recopilado­s en un informe presentado a la Alto Comisionad­o de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), entre el 27 de marzo y el 16 de junio ingresaron a los centros de detención de menores un total de 1,624 adolescent­es. De estos 1,359 fueron hombres y 266 mujeres.

El análisis también alerta sobre las reformas a la Ley Penal Juvenil, aprobadas el 31 de marzo de 2022, que incrementa hasta 20 años para jóvenes que cumplan 16 años y penas de 10 años para los que hayan cumplido 12 años de edad.

“Se observa una tendencia del Estado a seguir un modelo de represión en el cual la juventud es la mayoritari­amente afectada”, advirtió la Red de Juventudes, respecto a las medidas aprobadas durante el régimen de excepción.

“Los jóvenes forman parte del conjunto de situacione­s problemáti­cas y al mismo tiempo sufren las consecuenc­ias de la violencia, por eso mismo no se les puede dejar atrás”.

Miguel Varela, JEFE DE COOPERACIÓ­N DE LA UNIÓN EUROPEA.

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Protestan. Familiares de desapareci­dos también han denunciado el impacto en los jóvenes.

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