Cifras oficiales perfilan año 2022 con la tasa más baja de homicidios
Las cifras de la Policía dan cuenta de que 2022 es el año con menos homicidios registrados durante la última década. No obstante, factores como la tregua con pandillas y la reserva de datos han sido cuestionados por organizaciones e investigaciones period
“La reserva de datos permite ocultar información. Denunciamos que desde marzo hasta octubre la policía era responsable del 38.3 % homicidios en enfrentamientos y eso es grave”.
Verónica Reyna, DIRECTORA DE DERECHOS HUMANOS SSPAS.
“Es oportuno permitir el acceso público a datos (homicidios), de tal manera que no haya dudas o posibilidades de desacreditar el trabajo que reportan las instancias de seguridad”.
Héctor Carrillo, DIRECTOR DE ACCESO A LA JUSTICIA DE FESPAD.
La tasa de homicidios durante el año 2022 es la más baja registrada durante la última década en El Salvador, basada en datos de la Policía Nacional Civil (PNC), pues arroja 8 asesinatos por cada 100,000 habitantes.
Por ello las autoridades de Seguridad destacaron el año pasado como el más seguro debido a la baja de los homicidios a nivel nacional, un éxito atribuido al régimen de excepción, que ya ha sido prorrogado nueve veces desde que fue aprobado el 27 de marzo de 2022.
Pero organizaciones de sociedad civil sostienen que, pese a que la reducción de hechos violentos es buena, la seguridad no depende solo de la disminución de las muertes violentas en los municipios.
La directora de derechos humanos del Servicio Social Pasionista, Verónica Reyna, sostiene que la reducción de la violencia homicida ha sido evidente en los últimos 10 años, sobre todo en 2022. No obstante, señala que deben medirse otros indicadores, como el acceso a la justicia y derechos fundamentales, la situación de las víctimas y la investigación de los delitos.
“La seguridad no es solo la reducción de homicidios. Tiene que ver con la percepción que tiene la gente de acceso a la justicia, de ser víctima de algún delito o de poder acudir con plena confianza a las instituciones de seguridad para ser protegidas ante un hecho delictivo”, enfatizó.
Al respecto, el informe sobre Seguridad Ciudadana que midió los indicadores de las políticas adoptadas en esta materia durante 2021 alertó de violaciones a los derechos de la ciudadanía, mismas que incrementaron en los últimos años.
El estudio realizado por la Plataforma por la Seguridad Ciudadana destacaba que en los últimos tres años hubo una evolución de la participación de policías en actividades ilegales o faltas, mientras realizaban tareas de seguridad pública.
SIN ACCESO A DATOS PÚBLICOS
Verónica Reyna expuso que la falta de acceso a las estadísticas de delitos con datos específicos sobre las víctimas y declaradas bajo reserva desde junio de 2022, complica conocer el tipo de violencia homicida que se está viviendo en el país.
“La reserva de datos también permite ocultar información. Denunciamos que
desde que se instaló el régimen de excepción, en marzo de 2022, hasta el 31 de octubre de 2022, la policía era responsable del 38.3 % de los homicidios que se registraban en el país. Eso es grave porque casi un 40 % de los homicidios que registra El Salvador ocurren a manos de la policía en los supuestos enfrentamientos armados”, advirtió.
Héctor Carrillo, director de Acceso a la Justicia de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), sustentó esta postura y aseguró que la ausencia de fuentes (datos) que permitan contrastar las afirmarciones que realizan los titulares de las instituciones a cargo de registrar la violencia le restan credibilidad a las mismas.
“Tener acceso irrestricto a estadísticas es fundamental para verificar que se estén contabilizando todas las variables en el tema de los homicidios, tanto los ocasionados por estructuras criminales, como los que puedan ser producto de enfrentamientos entre agentes estatales y pandilleros, los de delincuencia común y los ocurridos en centros penitenciarios”, aseveró el especialista.
SUPUESTA TREGUA
Del 9 al 11 de noviembre de 2021, la Policía registró un incremento de muertes por violencia durante 72 horas consecutivas que dejó 46 homicidios en diferentes municipios a nivel nacional, concentrados principalmente en San Salvador.
Ese incremento de asesinatos, según una investigación publicada esta semana por el periódico digital El Faro, fue frenada por el gobierno de Nayib Bukele utilizando a líderes de pandillas para que ellos dieran la orden de frenar el repunte.
La investigación, basada en documentos oficiales y testimonios de líderes del Barrio 18 Sureños y un exmiembro de la Mara Salvatrucha, sostiene que Bukele evitó que el aumento de muertes violentas rompiera “las negociaciones que mantenía con pandilleros desde 2019”.
El Faro sostiene que “hubo un pacto que se mantuvo durante cuatro meses hasta la masacre que inició el 25 de marzo de 2022 y que finalizó con la negociación”. Y agrega que “la reducción de homicidios pactada desde 2019 se sostenía por un acuerdo de las pandillas con el actual gobierno y entre ellas mismas”.
Al respecto, Verónica Reyna cree en la incidencia de esta posible tregua durante el actual gobierno y no la descarta: “a partir de marzo (2022) la ruptura de esta negociación genera otras condiciones y lo que hace es obligar, de alguna manera, al gobierno de Nayib Bukele a mostrar toda su fuerza represiva”.