CULPABLES POR IGNORAR EL SOS EN COATEPEQUE
La crisis en el lago de Coatepeque tiene unos motivos puntuales, con la indolencia gubernamental en la primera fila de responsabilidades.
A solicitud de la Cámara Ambiental de Segunda Instancia, hace dos años, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales reconoció que, pese a haberse suscrito más de quince acuerdos para proteger el espejo de agua, no había tomado ni una sola acción punitiva ante la proliferación de actividades, obras, proyectos turísticos y de vivienda iniciados sin permiso ambiental, botaderos a cielo abierto, mediocre gestión de aguas residuales y desechos sólidos y la ocurrencia de eventos periódicos de algas y cambios de coloración en el lago. Por eso, la reacción ejecutiva de hace unos días sitúa el problema en el presente, lo atribuye a “condiciones naturales” y pretende asumir una posición espartana y prohibitiva, pese a que desde 2021 sabe que el agua del lago sufre de una alta concentración de coliformes fecales, en unas cantidades que la vuelven no apta para el consumo humano.
En aquella coyuntura, en 2022, Salud Pública abonó al diagnóstico luego de censar a los restaurantes, viviendas de recreo y comunidades alrededor del lago: de los negocios, casi la mitad de los ya en funcionamiento estaba apenas tramitando la autorización del tratamiento de aguas y grasas residuales, en las comunidades encontraron que apenas un tercio tenía al menos un pozo de absorción para aguas grises, y de las quintas residenciales, otro tanto. Sin embargo, las mismas instituciones reconocieron que solo iniciaron cinco procesos administrativos, sin reporte de resultados.
También hay documentos producidos por la Corte Suprema de Justicia y datados de ese mismo año en los que se establece que el daño ambiental se manifiesta en el deterioro del uso del recurso del suelo, deterioro del recurso agua superficial, pérdida del recurso biodiversidad y degradación del paisaje. La máxima autoridad judicial del país tampoco exhibió proactividad en el tema, un desinterés comprensible porque a lo largo de la institucionalidad no hubo en este quinquenio un compromiso ni siquiera narrativo con la preservación del medio ambiente.
Ha sido una administración que desde los primeros meses excluyó la dimensión ambiental de la gestión pública, que relajó toda la normativa al respecto y que le quitó sus pocos dientes a la cartera que debería proteger los intereses de la nación en esa materia. El manoseo ha sido tal que en varios casos los grupos interesados consiguieron recalificar áreas protegidas por urbanizables y soslayar estudios de impacto ambiental.
En esas condiciones, dados tan graves antecedentes, el peligro en Coatepeque es que el Gobierno siga perdiendo tiempo, que convierta la crisis en contenido propagandístico y que reniegue de sus responsabilidades con tal de no dañar la saludable campaña internacional de promoción de la marca país y de El Salvador como destino turístico. Solo la organización de un frente común entre los distintos grupos afectados por la debacle ambiental en el lago puede presionar a las autoridades para que además de los irremediables paliativos, le ponga un alto a la explotación irracional del área con fines comerciales.
A solicitud de la Cámara Ambiental de Segunda Instancia, hace dos años, el
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales reconoció que, pese a haberse suscrito más de quince acuerdos para proteger el espejo de agua, no había tomado ni una sola acción punitiva ante la proliferación de actividades, obras, proyectos turísticos y de vivienda iniciados sin permiso ambiental, botaderos a cielo abierto, mediocre gestión de aguas residuales y desechos sólidos y la ocurrencia de eventos periódicos de algas y cambios de coloración en el lago.