Lanzan licitación para cocinas en centros penales Mariona e Izalco
El proyecto tiene por fin que los reos produzcan su propia alimentación. Actualmente, Penales invierte $5.9 millones al mes para alimentarlos, cuatro millones más de lo destinado para la alimentación escolar.
El ministerio de obras públicas y Transporte (MOPT) lanzó un aviso de licitación para el proyecto de construcción y equipamiento de cocinas industriales para los centros penales La Esperanza, conocido como Mariona, y el de Izalco Fase II. El aviso fue publicado el 7 de mayo de 2024 a través de un periódico gubernamental y será financiadopor el banco centro americano de integración Económica(BCIE ).
De acuerdo con la descripción del proyecto, una de las cocinas estará ubicada en el sector 7 del complejo penitenciario de Mariona, el cual será un espacio con capacidad para preparar alimentos y tiene un área de terreno de 2,505.59 metros cuadrados. Esta cocina deberá contar con una red de drenaje con tuberías para aguas negras, así como equipo instalado en áreas de cocción, preparación, tortillería, área de lavado y materia prima, entre otros.
En cuanto a la cocina del Centro Penal de Izalco en su fase II, para su construcción se tiene un terreno de 3,463.99 metros cuadrados y también contará pasillo central de servicio y distribución, así como el equipo instalado en áreas de cocción, preparación, tortillería, área de lavado y materia prima.
La construcción de estas cocinas ha estado dentro del presupuesto de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) desde 2021, cuando se iban a dedicar un total de $8.5 millones para la construcción y equipamiento de cocinas industriales en diferentes cárceles del país, solo ese año. Sin embargo, el proyecto no se inició y no hubo explicación oficial sobre su retraso.
Según la información proporcionada por empresas que proveen alimentación a privados de libertad, el Gobierno paga en promedio $1.89 al día por la alimentación de cada reo en el país :$0.45 por cada desayuno,$0.79 por almuerzo y $0.65 por la cena. Al multiplicares a cantidad por los más de 105,000 reos que actualmente tiene el sistema carcelario da como resultado una erogación de $198,450 al día y $5.9 millones al mes.
Si se comparan estas cifras con lo que tiene asignado el Ministerio de Educación para la alimentación de estudiantes en escuelas públicas del país, que es de $22 millones anuales (en este 2024), resulta que para los estudiantes se dedican cerca de $1.9 millones mensuales, es decir, cuatro millones menos que para los reos.
Pero la construcción y equipamiento de cocinas no es el único proyecto sin ejecutar por Centros Penales. Dentro de los proyectos de inversión pública del Ministerio de Justicia y Seguridad Ciudadana que no se han iniciado también se encuentran la ampliación del Centro Penal de Izalco (con un valor de $13.2 millones), la Construcción y Equipamiento de Cocinas Industriales en diferentes Centros Penales priorizados a nivel nacional ($22.4 millones) y la Construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Penitenciario de Ciudad Barrios ($397,830.68).
COSTOS A LA FAMILIA
Organizaciones de derechos humanos y de familiares de privados de libertad han mencionado que debe existir transparencia en la administración de fondos públicos relacionados a la alimentación de los reos. El año pasado la DGCP recibió tres refuerzos presupuestarios para completar gastos tales como alimentación, brazaletes, servicios básicos, entre otros.
De acuerdo con Ivania Cruz, vocera del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (Cofappes), este
proyecto de construcción de las cocinas es “irregular”, pero es prioritario por el hacinamiento en los centros penales.
Ella destaca que actualmente no ve una preocupación por el tipo de alimentos que le dan a los privados de libertad, pues si bien hay empresas contratadas para el servicio “les han dado cantidades racionadas y de poca nutrición”.
“Sobre el proyecto que tiene como fin realizar la alimentación en cada centro penal, iniciando en Mariona e Izalco, es una situación que puede ser irregular porque el mecanismo que la DGCP ha venido realizandoesuntipodenegocioeneltema de alimento de los reos. Ya es conocido que Penales ha cobrado a las familias por los paquetes alimenticios e higiene, una cantidad desproporcionada, sin conocer qué productos les daban”, aseguró.
Samuel Ramírez, coordinador del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir), ha mencionado que no se sabe el destino de los refuerzos para la DGCP en materia de alimentación de privados de libertad, pues además son las familias quienes pagan los paquetes de forma mensual.
Un paquete de alimentación básico paracadareopuederondarlos$35,peroademás hay familiares que depositan dinero extra para que sus parientes puedan comprar en las tiendas penitenciarias.
“Tienen que decir dónde está el dinero, porque cuando las personas salen de prisión,lohacendesnutridos.ellosdicenque solo les dan dos o incluso una ración al día de comida. Entonces ¿dónde está lo destinado a la alimentación?”, aseguró Ramírez. Por ahora Penales ha declarado esa información bajo reserva.