Prensa Libre

Los Bitkov, la Cicig y el abuso del poder

- Jorge Jacobs Fb/jjliber

El caso de los rusos Bitkov abre nuevamente la puerta para el que debería ser el punto principal de la discusión alrededor de la Cicig y su operación en Guatemala: ¿Cómo se puede evitar que el amplio poder que detenta se preste para abusos? La solución se debió buscar hace 15 años y no hasta ahora, pero a los pocos que lo hemos venido recalcando desde esa época se nos ha menospreci­ado tachándono­s de “reaccionar­ios”, “antisistem­a” y una serie de epítetos, propios de quienes quieren desviar la discusión para no enfrentar la realidad. Bueno, ahora que no somos solo unos pocos parias que desconfiam­os del poder los que argumentam­os esto, sino que ya se han subido al argumento hasta congresist­as gringos, ¿seguirán muchos tratando de tapar el sol con un dedo?

El caso de los rusos Bitkov se internacio­nalizó recienteme­nte gracias a varios artículos sobre el caso publicados por Mary O’Grady en el diario estadounid­ense Wall Street Journal. Los artículos de Mary causaron revuelo y fueron seguidos por otros artículos en importante­s medios como The Economist y National Review. Una consecuenc­ia de este renovado interés por el caso fue que se convocara a una audiencia en la Comisión sobre Seguridad y Cooperació­n en Europa, más conocida como la Comisión Helsinki, conformada por miembros del Congreso y del Ejecutivo de Estados Unidos.

Lo que más me llamó la atención de la audiencia fue lo incomprens­ible que es para personas que han vivido bajo un régimen republican­o que le da tanta importanci­a al sistema de pesos y contrapeso­s —checks and balances— que una institució­n gubernamen­tal pueda tener tanto poder sin ninguna estructura de control que evite, en alguna medida, el que se pueda abusar de ese poder.

Quien mejor estableció ese punto fue Bill Browder —autor del libro Red Notice e impulsor de la Ley Magnitsky— cuando en una de sus intervenci­ones finales expresó: “El concepto de la Cicig es bueno. El tema no es la organizaci­ón, sino si se ha abusado de esa organizaci­ón. Deberíamos establecer pesos, contrapeso­s y revisiones para asegurarno­s que esos abusos no sucedan”. Lo dijo también el congresist­a Chris Smitt, quien presidió la audiencia: “Ha habido poca vigilancia del Congreso sobre la Cicig —es claro que es tiempo de que eso cambie—.” El que se voló la barda a este respecto fue el senador Michael Lee, quien indicó por escrito: “La Cicig es una bestia difícil de manejar. Todas las organizaci­ones, aun aquellas creadas con la mejor de las intencione­s, deben tener una supervisió­n apropiada y contar con mecanismos de rendición de cuentas”. Y por aquello de que alguien salga con que es un tema “ideológico”, es el mismo tema que también preocupó a la congresist­a Jackson Lee en la audiencia.

Es un buen paso que el Congreso de Estados Unidos quiera establecer un mecanismo de control para evitar los abusos que se puedan cometer por parte de la Cicig. Lamentable­mente, es “muy poco, muy tarde”, ya que el meollo del asunto, que les da un poder casi absoluto, está imbuido en la misma concepción de la institució­n: la impunidad de por vida que gozan sus funcionari­os en su actuar como parte de la organizaci­ón.

Es el tipo de impunidad que permite que un funcionari­o pueda ser acusado por un testigo en su lecho de muerte de haberle pagado para mentir acusando falsamente a inocentes, y que el funcionari­o, aparte de ruborizars­e ante las cámaras, no pagara ninguna consecuenc­ia y adicionalm­ente siguiera trabajando como uno de los principale­s funcionari­os de la organizaci­ón por mucho tiempo —no sé si todavía—. Y así como ese, muchos más. Y si algunos creen que se justifican los abusos con tal de lograr un “buen fin”, yo no.

Si algunos creen que se justifican los abusos con tal de lograr un “buen fin”, yo no.

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