Una ley sin reglamento
Qué rubro tan complejo y delicado es el del transporte que casi un año después de ser aprobada en el Congreso Nacional la nueva Ley de Transporte sigue sin ser reglamentada.
Hace cuatro meses venció el ultimátum que dio el presidente Juan Orlando Hernández para que se reglamentara la normativa, vigente desde el 31 de marzo pasado, tras su publicación en el diario oficial La Gaceta.
Tortuguismo, tardanza y burocracia en su máxima expresión en un servicio tan esencial para la ciudadanía y que urge de decisiones rápidas. Con bombos y platillos nos vendieron una lista de medidas contempladas en la legislación que vendrían a impactar a favor de los usuarios y propietarios de las unidades, entre ellas el uso de tarjetas prepago para evitar los asaltos y las extorsiones que tienen de rodillas a los transportistas con una interminable cadena de muertes y pérdidas millonarias. Además, la instalación de cámaras de seguridad, sistema GPS y botones de pánico para enfrentar estos hechos sangrientos a manos de pandilleros y otros criminales. Aparte de aquellas disposiciones dirigidas a reducir los accidentes de tránsito que son la segunda causa de muertes violentas en nuestro país.
Es difícil hallar una explicación que tenga sentido y más que incompetencia pareciera que el atraso en la reglamentación de la nueva ley de transporte es resultado de poderosos intereses a los que se supedita la voluntad política.
Mal que bien se tomaron acciones en la DEI, el SANAA, Hondutel y la Portuaria, entre otras dependencias de gobierno, pero en el transporte ha sido imposible, y a decir de algunos expertos, una ley sin reglamento no es ley.
¿Acaso esos mismos intereses que impiden que la Ley de Transporte se ponga en práctica son los que están detrás para que no se ejecute el proyecto del Trans 450?
El actual gobierno ha enviado esperanzadores mensajes en la lucha contra la corrupción, el narcotráfico y la inseguridad en general, pero cuando se trata del sector transporte parece darse con la piedra en los dientes