La enorme deuda en investigación

El crimen sin castigo es una de las situaciones más desmoralizantes que afrontamos como sociedad y se contrapone a la noción de un Estado en el que impera la ley. Fue por esa razón y por los altos niveles de violencia que hay en nuestro país que se aprobó en 2011 la tasa de seguridad, para reforzar la lucha contra la criminalidad y reducir los índices de impunidad. Con esos fondos se han venido inyectando enormes cantidades de dinero a los entes de seguridad y justicia, que en conclusión han retribuido a la ciudadanía con pobres resultados. Tal es el caso de los cuerpos investigativos que no han sido capaces de esclarecer la mayoría de las muertes violentas de estudiantes, 1,183 entre enero de 2010 y marzo de 2016, de las que 624 eran del nivel secundario, 160 del universitario, 124 del primario y el resto sin especificar, según los datos del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (Iudpas). Si bien es cierto hay patrones comunes en muchos de los casos, al final estos quedan en simples hipótesis debido a que las investigaciones no han sido contundentes. La explicación que reiteradamente ofrecen las autoridades es que algunos de los jóvenes andaban en “malos pasos”, que además de criminalizar a las víctimas parece una excusa para justificar la inoperancia de los entes investigativos. Lo cierto es que el rezago en la investigación científica del delito es una de las grandes debilidades de nuestro sistema de justicia y contribuye a elevar los índices de impunidad. La cantidad de alumnos fallecidos entre marzo de 2016 y febrero de 2017 ya ronda el centenar. Aunque en 2012 alcanzamos una tasa de homicidios de 85.6 por cada cien mil habitantes, la actual de casi 60 sigue siendo excesiva para un país que no está en guerra. De allí que se puede entender la necesidad de buscar recursos como la tasa de seguridad, aun cuando la población ya vive castigada por la elevada carga impositiva, pero lo que resulta inconcebible es la deficiencia que siguen mostrando aquellas instituciones cuya labor investigativa es crucial para la impartición de justicia. De continuar todo igual, los padres y las madres de estas víctimas seguirán esperando inútilmente una respuesta, mientras se acrecienta aún más la percepción de que vivimos en un Estado fallido ante la pasmosa inseguridad