Inversiones Acrópolis no pertenece a la familia Rivera Maradiaga
El apoderado legal de la compañía indicó que sus defendidos están abiertos al Ministerio Público para que compruebe que no existe ninguna relación con los denominados cachiros
El abogado Tito Hernández puso a disposición para cualquier investigación del Ministerio Público (MP) a la empresa Inversiones Acrópolis a la cual representa legalmente. Hernández dijo que no existe conexión alguna entre sus representados y el cartel de Los Cachiros.
“Hemos comparecido ante el Ministerio Público a efecto de apersonarnos en nuestra condición de apoderados de la Sociedad Mercantil Inversiones Acrópolis porque se les ha estado vinculando con la familia Rivera Maradiaga”, manifestó el abogado.
Aseguró que en su visita a la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) puso a disposición para cualquier indagación tanto a Inversiones Acrópolis como a sus accionistas.
Descarta relación
Aclaró que la sociedad mercantil Acrópolis no es propiedad de la familia Rivera Maradiaga. Descartó que esta familia tenga acciones en la empresa Acrópolis.
Sin dar nombres, dijo que los socios fundadores de Acrópolis son dos ingenieros y un abogado.
“En este momento, por razones de seguridad, me voy a reservar los nombres de ellos”, señaló.
Asimismo, descartó que los socios de esta empresa dedicada al rubro de la construcción sean empleados públicos ni políticos, “mucho menos que se dedican a actividades ilícitas, son personas que han estado en actividades lícitas desde el año 2003”.
Reconoció que dos de los principales socios vendieron sus acciones desde el 2011 y solo uno quedó al frente de la empresa.
Manifestó que con documentos van a demostrar que no existe vinculación alguna con la banda de Los Cachiros.
Asimismo, ex- presó que sus representados no tienen ninguna relación familiar con Los Cachiros.
Reconoció que el socio de Acrópolis, Francisco Mejía, fue el abogado que constituyó la empresa Inversiones Rivera Maradiaga en el año 2009.
También dijo que el señor Mejía recibió poderes de la empresa Inrimar para poder tramitar un permiso.
En ese sentido, manifestó que puso a disposición de la Fiscalía al abogado Francisco Mejía para desvanecer cualquier vinculación con Los Cachiros.
Aseguró que Inversiones Acrópolis sí suscribió contratos de construcción con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Aunque manifestó que desconoce cuántos y qué tipo de contratos firmaron.
Indagaciones
De acuerdo a una línea de investigación presentada desde el año anterior por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), la gerencia de la ENEE, encabezada por Roberto Martínez Lozano, invitó a varias empresas a participar en el proceso de licitación para construir viviendas en el represa hidroeléctrica de Patuca.
La ENEE otorgó dos contratos en Patuca III y uno en el complejo energético en el valle del Aguán.
El primero fue la construcción de viviendas en la represa hidroeléctrica por un monto de más de 98 millones de lempiras. El segundo se trata de la construcción de un edificio administrativo, una escuela, un comedor, una clínica para todo el campamento por un monto de más de 20 millones de lempiras.
Según las investigaciones del CNA, este se otorgó de manera irregular, sin cumplir con todos los lineamientos establecidos en la ley.
Mientras que el último fue por la construcción de viviendas en el valle del Aguán por 22 millones.
Los representantes del CNA aseguran que en el 2009 se le otorgó un poder general y para pleitos al abogado Mejía, principal socio de Acrópolis, para que administrara todos los bienes de Inrimar.
Fue en el juicio que el gobierno de Estados Unidos celebra contra Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo, que Devis Leonel Rivera Maradiaga reveló que pagó millonarios sobornos a varios políticos del país.
Rivera Maradiaga aseguró que pagó sobornos para lograr protección en el transporte de droga. También señaló que el expresidente Lobo Sosa se comprometió a no extraditar a ningún hondureño durante su mandato entre 2010 y 2014.
Asimismo, recomendó a Los Cachiros crear empresas con la finalidad de adquirir contratos con el Estado para lavar el dinero proveniente del narcotráfico.
Los contratos fueron suscritos con el Fondo Vial, la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep) y la ENEE, entre otras instituciones del Estado hondureño