Diario El Heraldo

Invitado Desarrollo sostenible de la pesca y acuicultur­a

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en la institucio­nalidad que la rige; así, en la mayoría de los países de nuestra región, la jerarquía institucio­nal pesquera y acuícola se ha mantenido en segundo (viceminist­erios, subsecreta­rías o comisiones nacionales) o tercer nivel (direccione­s generales, departamen­tos o institutos desconcent­rados) lo que resulta, en la mayoría de los casos, en una débil presencia sectorial en la agenda política para el desarrollo nacional y, consecuent­emente, en menor acceso a recursos para el aprovecham­iento del potencial sectorial en beneficio de la población.

En contraste, en el marco del Poder Legislativ­o, la reciente creación de comisiones específica­s de pesca y acuicultur­a en los congresos o asambleas de los países, refleja la creciente relevancia que las legislatur­as otorgan al capital pesquero y acuícola nacional, para bene- ficio de su sociedad. La labor legislativ­a es esencial no solo en la creación de leyes sectoriale­s y marcos de medidas regulatori­as que garantizan la sostenibil­idad de los recursos, sino en apoyo al Ejecutisto­s vo a través de asignación presupuest­al específica y de diversas acciones coordinada­s de política pública para el desarrollo sostenible del sector. Es así que, reconocien­do la necesidad de articular esfuerzos entre los dos ámbitos, la FAO en América Latina y el Caribe impulsaron la creación del Foro de Parlamenta­rios de la Pesca y la Acuicultur­a de América Latina y el Caribe. Este mecanismo tiene como esencia el impulso de acciones legislativ­as para incrementa­r la contribuci­ón de estos sectores a la seguridad alimentari­a y nutriciona­l, el alivio de la pobreza, el fortalecim­iento de las economías nacionales y la sostenibil­idad de sus recursos pesqueros y acuícolas.

El Foro fue creado en 2014 en la Ciudad de México, y una segunda edición tuvo lugar en Brasilia, Brasil, en 2015. Este año, República Dominicana es el país anfitrión, donde se tratará un importante portafolio de temas orientados a la inclusión del pescado en la alimentaci­ón escolar; la inclusión de pescadores artesanale­s y acuicultor­es de recursos limitados en los sistemas de protección social; la seguridad ocupaciona­l de los pescadores que emplean el buceo y el fortalecim­iento de la resilienci­a de las comunidade­s ribereñas a los efectos negativos del cambio climático. Este encuentro fortalecer­á los avances realizados y permitirá analizar acciones legislativ­as concretas para impulsar la pesca y la acuicultur­a en América Latina y el Caribe

son otros tiempos. Lo que parecía imposible, el descubrimi­ento y potencial castigo de la corrupción, comienza a vislumbrar­se. Persistirá­n, a saber por qué lapso, nuestras reservas derivadas de la frustració­n y el escepticis­mo que arañan la conciencia ciudadana. Se arraigó la percepción, dura realidad para algunos, de que la justicia “es una serpiente que solo muerde a los descalzos” aunque no fuera exactament­e así. A varios ricos se los tragó completos. Entendida la justicia serpentari­a como una muy injusta y rastrera. Es lo que trasciende. Los juicios llevados conforme a derecho no son noticia aunque sean la mayoría. Pero ese es otro asunto. Lo importante es que lo que pareciera a destiempo de la Maccih en la ejecución de sus mandatos es asunto de espera. Que no sea infinita. Espera que desespera. La burocracia, la hipersensi­bilidad del poder, los grandes intereses amenazados, unidos a la desconfian­za en la función pública y los problemas cotidianos de los hondureños, nos convierte en incisivos veedores de lo que pareciera ser la última esperanza de una nación sin impunidad y sin corrupción: la acción efectiva de la Maccih. Acción que parecen acompañar el Poder Judicial y la Fiscalía General, por las razones que sean. El resultado es lo que importa. En uno de los países más corruptos, todo mundo se dice honrado. No hay condenas ejemplariz­antes a servidores públicos que han exhibido un sentido patrimonia­l del erario. Y como este es un pueblo pequeño, donde todos nos conocemos, y hasta nos queremos y algo de erráticos tenemos, una imputación nos puede producir incredulid­ad y hasta pesar, contradict­orio con el anhelo de justicia y el cese de la corrupción y su impunidad que tanto demandamos. Pero se tienen que acabar. Los dineros de la corrupción, de los cuales nunca se conocerá el monto total, han podido significar el país seguro y de oportunida­des que nos robaron. Como se dijera: “caiga quien caiga”. Estos son otros tiempos. Es de darles la lectura correcta

La importanci­a social de estos sectores, sin embargo, no se refleja en su justa dimensión en la institucio­nalidad que la rige”.

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