Venezuela niega “ruptura” del orden constitucional
Pese a que el mundo ve como un “golpe de Estado” o por lo menos una “grieta” que la Corte asumiera facultades del Parlamento, Nicolás Maduro asegura que solo se trata de un ataque de la oposición apoyada por EE UU
La situación en Venezuela, lejos de mejorar, parece agudizarse. Ayer, veinte países solicitaron la convocatoria, a más tardar el lunes, de una reunión urgente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), para evaluar la “ruptura constitucional” en esa nación, luego de que la CSJ asumió el papel del Parlamento. La solicitud, presentada al Consejo Permanente, está respaldada por las misio- nes en la OEA de Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía, Estados Unidos y Uruguay.
Entretanto, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, convocaba ayer a los poderes públicos para zanjar diferencias en torno a fallos mediante los cuales el máximo tribunal asumió las competencias del Parlamento de mayoría opositora y retiró la inmunidad a los diputados. “Asumo, a través del diálogo y la Constitución, la tarea de resolver hoy mismo (ayer) el impasse que ha surgido entre el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)”, dijo al convocar al Consejo de Seguridad de la Nación anoche para deliberar y sacar una resolución, luego de que la fiscal general Luisa Ortega declaró que se había producido una “ruptura del orden constitucional”. Algo que Maduro negó rotunda y reiteradamente.
Críticas contra Maduro
El presidente del Parlamento venezolano, Julio Borges, afirmó que el gobierno de Nicolás Maduro está “fracturado” tras la denuncia de la fiscal general. A juicio del diputado opositor, las palabras de Ortega -muy cercana al chavismo- evidencian que “el gobierno está fracturado por dentro, dividido entre los que quieren seguir su conciencia y los que quieren seguir mintiendo”. Una avalancha de críticas le cayeron al gobierno bolivariano, calificando incluso de “golpe de Estado” la acción de la Corte sobre el Parlamento. Estados Unidos, el Alto Comisionado de la ONU, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA), Unasur, Mercosur, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y numerosos países latinoamericanos también lo denunciaron