Un año esperaría Honduras si denuncia los tratados
Honduras es suscriptora de la Contención sobre los Derechos del Nijo, que fue ratificada desde 1990. Hay otros once protocolos que se deritan de ese compromiso internacional
Varios factores deberán ser tomados en cuenta previo a que la comisión multidisciplinaria que será conformada por el gobierno determine si debe ser reducida o no la edad punible.
El primero de ellos es que Honduras forma parte de convenios internacionales que protegen los derechos de los niños.
Tal es el caso de la Convención de los Derechos del Niño que firmó en 1989 la Organización de Naciones Unidas (ONU) y que fue ratificada por el gobierno hondureño en 1990.
Este convenio, en su primer artículo, establece que la edad punible se aplicará por regla general a los menores de 18 años.
Para poder hacer esta reforma, el Estado hondureño deberá interponer su denuncia, es decir su renuncia, mediante notificación hecha por escrito al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres.
La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que la notificación haya sido recibida por el secretario general. Es en este momento que el gobierno hondureño podrá hacer la reforma de reducir la edad punible tal como lo promueve el mandatario Juan Orlando Hernández.
Además, debe de renunciar a al menos 11 protocolos que se derivan de la Convención de Derechos del Niño, como el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en conflictos armados y el protocolo facultativo sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, entre una decena de protocolos más.
Debate
El resurgimiento de la discusión de la edad punible pone a Honduras en el ojo del huracán. Hay quienes razonan que este tipo de determinaciones pondría en riesgo la relación que existe entre Honduras y organismos internacionales y hasta con países cooperantes.
“Denunciar a este tratado pondría a Honduras a confrontar con Naciones Unidas y con una serie de países cooperantes que mantienen la línea política del garantismo, es decir de la rehabilitación y reinserción de la educación, que es contraria a la línea retribucionista que es no más que la construcción de cárceles”, señaló el analista jurídico Raúl Pineda Alvarado.
“Se ha probado científicamente que esta medida no ha funcionado, de hecho la gran mayoría de países del continente americano, con excepción de Argentina, mantienen la tesis de que la edad debe mantenerse hasta los 18 años”, indicó Pineda.De denunciar a estos convenios, Honduras se convertiría en el primer país de América Latina en hacerlo.
Pineda vio poco viable que esta medida sea aprobada en el corto plazo en el Congreso Nacional. “Desde un punto de vista político criminal no ha funcionado”, indicó.
“Si se quiere reprimir más a los jóvenes basta con que hagan la reforma al Código Penal y al Código de la niñez”, dijo.
Por su lado el analista en derecho internacional, Graco Pérez, dijo “con las leyes no se hace nada sino van acompañadas de un cambio de las condiciones”. Indicó que ante la comunidad internacional somos un país donde se violan los de hecho, pero pasaríamos a ser un país donde se viola de derecho la protección a los niños. Esta iniciativa podría ser sujeto de no ayuda de parte de países amigos y programas internacionales. “Sería más alto el costo que el beneficio”, opinó