Edad punible
Casi tan espinoso como el tema de la despenalización del aborto, que finalmente no fue aprobada, es el de la reducción de la edad punible propuesta desde el Ejecutivo. Uno de los argumentos de mayor peso es la participación de menores de edad en el 40 por ciento de los delitos de alto impacto que se cometen en nuestro país.
No es una decisión fácil, la cada vez mayor participación de jóvenes en actividades criminales ha tenido como caldo de cultivo la corrupción, la impunidad, la falta de políticas de atención a la juventud y la incapacidad de gobiernos para atacar las raíces de un problema que terminó desbordándose.
Bajar la edad punible, por ende, tampoco sería suficiente para reducir los índices de inseguridad si no se aborda de manera integral el fenómeno de la delincuencia juvenil en el que inciden también otros factores como la pobreza, la falta de valores y de educación y la desintegración familiar.
Hay que decir que en ningún gobierno se han tomado tantas medidas para el combate de la violencia, que han representado sobre todo recursos millonarios a disposición del Estado, y cada una de ellas se ha presentado en su momento como decisiva y definitoria, sin que al final los resultados sean proporcionales.
Sin embargo, el debate sobre la edad punible es válido, razonable y, por lo tanto, debe ser abordado con seriedad y sin afanes políticos que todo lo distorsionan y contaminan.
La controversia puesta sobre el tapete traerá consigo, sin lugar a dudas, las reacciones en contra de organismos internacionales y defensores de derechos humanos, y aquellas a favor de parte de un sector de la sociedad harto de tanta violencia.
La comisión multidisciplinaria que analizará la reducción de la edad punible, que en la actualidad es a partir de los 18 años, debe tener presente la realidad de nuestro país, cuyas autoridades han fallado estrepitosamente en la prevención de la violencia de menores, así como en la rehabilitación y reinserción de aquellos considerados infractores. La decisión de bajar la edad punible, por lo tanto, debe ser parte de todo un plan y de un consenso del país y no el plan en sí mismo