LA FISCALÍA TRAS LA ORGANIZACIÓN DEL HIJO DE MATTA
Operativos Una investigación durante los últimos 17 años desenreda una supuesta red de lavado de activos con nexos en Panamá y Colombia. La Fiscalía pide ejecutar órdenes de captura contra los cabecillas y aseguramientos de bienes
El Ministerio Público y los cuerpos de inteligencia se encaminan a desbaratar, a partir de hoy, una poderosa red vinculada con el lavado de activos, donde se señala a Ramón Matta Waldurraga como cabecilla.
El HERALDO conoció detalles de una investigación que inició la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN) el 16 de abril de 2001 y que luego, con apoyo de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, se fortaleció a lo largo de 17 años.
Ahora estas autoridades se aprestan al aseguramiento de al menos 43 bienes inmuebles, entre ellos lotes, casas y apartamentos, así como 22 empresas relacionadas, dedicadas a la ganadería, producción energética, blindaje, hotelería, bienes y raíces, construcción y vigilancia. Todos y todas considerados de origen ilícito.
También van a la cacería de una treintena de socios de la red conformada por unos cinco miembros de la familia Matta Waldurraga, así como por varios socios, abogados, contadores y testaferros. En la investigación también se menciona a empresarios. Se desconoce si alguno de ellos tiene solicitud de extradición de parte de Estados Unidos.
La investigación de la DLCN y de la Fiscalía contra el Crimen Organizado describe cómo los integrantes de la organización movieron miles de dólares y millones de lempiras usando los bienes y empresas -unas formadas en Panamá-, así como en el sistema financiero nacional. También detalla el manejo, traspaso y donación de bienes inmuebles y negocios entre socios.
Los agentes detectaron cómo esta red destinó propiedades para cancelar deudas, otras las puso como garantías o en hipotecas por millones de lempiras, incluso una habría servido para pagar favores en el Poder Judicial.
Asimismo, encontraron documentos de cómo el 31 de julio de 2013 una de las empresas ligadas a la organización obtuvo al menos un contrato de compraventa de energía con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Seguimiento
El 16 de abril de 2001, luego de una denuncia recibida contra Salamé Abudog Zazor (fallecido) por supuestas vinculaciones con el narcotráfico, la DLCN abrió el expediente investigativo 0801-486-TC-01, y a través de intervenciones telefónicas autorizadas por los juzgados logró vincular a la investigación a Juan Ramón Matta Waldurraga, Nancy Marlene Vásquez (colombiana), Claudia Patricia Matta Waldurraga, María Isabel Matta Vásquez y Milton Mateo Montalván Mejía, entre otros.
El 28 de agosto de 2002 se abrió expediente NUI 010-2004 para investigar la comisión del delito de lavado de activos, el cual tuvo su origen en una comunicación recibida por el sistema financiero en la que se establecía que en una cuenta en dólares del señor Juan Ramón Mata Waldurraga se recibió desde España una transferencia por la cantidad de 237,011 dólares enviados por María Isabel Matta Vásquez, y que también ella recibió una transferencia desde España en su cuenta de ahorro en dólares por la cantidad de 263,676 dólares, por lo que se procedió al congelamiento de dichos activos. Este dinero se encuentra sometido a un proceso de privación de dominio por existir indicios de que procede de una transacción ilícita.
El 17 de diciembre de 2013 se abrió el expediente
número 018-2014 por privación de dominio, dirigido a acreditar la existencia de bienes inmuebles propiedad de Ramón Matta Ballesteros y que dejó a su compañera de hogar Nancy Vásquez y a sus hijos Juan Ramón Matta Waldurraga, Claudia Patricia Matta Waldurraga, María Teresa Matta Waldurraga y María Isabel Matta Vásquez, por considerar que los mismos se encontraban comprendidos dentro de causales previstas en el artículo 11 de la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito. Dicho proceso se encuentra actualmente en etapa de evacuación de pruebas.
Posteriormente, el 10 de agosto de 2015 y en virtud de hallazgos obtenidos en la investigación patrimonial desarrollada para sustentar la causa por privación de dominio, se abrió el expediente 355-2015 para indagar el delito de lavado de activos, siendo investigados Sergio Banegas Pineda, Roberto Enríquez Velasco Montes, Juan Ramón Matta Waldurraga, Eduardo Rodríguez Bustamante, Óscar Armando Escoto Ardón, Pedro Nolasco Padilla Galeas, Raquel Tatia-
na Núñez Pagoaga, José Nahún Borjas Guifarro, Josué Natanael Borjas Guifarro y Rebeca Lizeth Melara Raquel y otras personas relacionadas, así como a las empresas Logística y Distribución S.A., Bienes Raíces América S.A., Inversiones N &D S.A, Inversiones Hidrometales S.A. de C.V., Grupo Hotelero Boquerón, S.A.
Igualmente, desde el 24 de agosto de 2015 hasta el mes de marzo de 2016 las autoridades del Ministerio Público recibieron información referente a una organización dedicada al lavado de activos, vinculándose a la misma a diversos ciudadanos, entre ellos a Juan Ramón Matta Waldurraga, de igual manera recibieron información sobre bienes de origen ilícito. Se identificó a Óscar Andrade Munguía Romero, presuntamente un ciudadano colombiano vinculado al tráfico de drogas,
y a dos abogados (hombre y mujer) que se ocupan de realizar transacciones sobre bienes de origen ilícito.
Asimismo, a Martha Li- lian Castro, a quien se señala como encargada de la contabilidad del señor Juan Ramón Matta (padre) incluso antes de que fuera llevado a Estados Unidos. También a Emilio Chinchilla Oliva, a quien se identificó como asesor financiero de la organización, vinculado con el extraditado Héctor Emilio Fernández Rosa.
Igualmente se reconoció
a Claudia Castro Marín, de nacionalidad colombiana, supuesta profesional del derecho quien ha ingresado a Honduras en varias ocasiones con el fin de encargarse de los negocios de Matta Waldurraga y, además, actúa como intermediaria. También se detectó a Andrés Mujica, Johnny Galeas, Ada Borjas Guifarro y Asdrúbal Sobalbarro como miembros de la organización.
Igual a Óscar Armando Escoto como la persona que maneja el traspaso de bienes inmuebles y negocios. En la información proporcionada aparecen en escena las sociedades mercantiles GSM Centroamérica S.A., N&D S.A., Agrocen, Geoconsult, Gavinasa, Empresa de Seguridad Service, Hidrometales, Inversiones Villatoro, propiedades ubicadas en Olancho, en el lugar denominado Agua Zarca, jurisdicción de Juticalpa, así como en Talanga y Danlí.
Conexión
Las investigaciones llevaron a desenredar un entramado que una treintena de socios montaron utilizando unas 22 empresas y unos 43 bienes inmuebles, realizando entre ellos movimientos como compra y venta de acciones, venta, donaciones y alquiler de propiedades a bajos precios para luego ponerlos como garantías o darlos en hipoteca por préstamos bancarios altos.
Por ejemplo, en relación a actividades de generación de energía hidroeléctrica se detectaron las conexiones entre las sociedades mercantiles Energía Hidroeléctrica las Piedras, Inversiones Hidrometales, Ganadería Villa Nancy, Geoconsult e Inversiones N&D, para ejecutar los proyectos hidroeléctricos Las Piedras 1 y 2.
Sobre la compañía de seguridad Lares S. de R.L., constituida el 5 de agosto de 2010 por Eduardo Rodríguez Bustamante y Pedro Nolasco Padilla Galeas, este el 8 de julio de 2014 vendió sus partes sociales a María Antonia Bustamante Montoya (madre del socio Rodríguez Bustamante) y el 28 de enero de 2015 se otorgó poder general de administración a Raquel Tatiana Núñez Pagoaga.
Dicha sociedad se encuentra vinculada con los investigados por la relación del socio Rodríguez Bustamante, “quien como hemos establecido adquirió de parte de la familia Matta la sociedad mercantil Empresa Generadora de Energía Eléctrica las Piedras, el contrato del Estado para desarrollar un proyecto hidroeléctrico y un inmueble ubicado en San Esteban, Olancho”.
La compañía de Seguridad Lares participó en licitaciones, en el año 2012, con instituciones del Estado con el fin de obtener contratos de servicios de seguridad, para los cuales otorgó garantías de cumplimiento y mantenimiento de oferta, ofreciendo inmuebles propiedad de Roberto Velasco Montes y Juan Ramón Matta Waldurraga, así como de las sociedades mercantiles Grupo Hotelero Boquerón y de Bienes y Raíces América.
Por otra parte, la empresa Bienes y Raíces América, constituida el 5 de octubre de 2011 por Sergio René Banegas Pineda, en representación de la sociedad Inversiones N&D S.A., y Roberto Enrique Velásco Montes, con la finalidad de dedicarse al rubro de la construcción. Entre otros estuvo vinculada en “actos” Raquel Tatiana Núñez Pagoaga, quien fungió como secretaria en la asamblea de socios.
Reportes del sistema financiero y los instrumentos relativos a la constitución y modificación de las sociedades muestran relaciones de negocios entre las Compañía de Seguridad Lares, Inversiones N&D y Bienes y Raíces América, y a través de ellas entre los señores Eduardo Rodríguez Bustamante, Ra- quel Tatiana Núñez Pagoaga, Juan Ramón Matta Waldurraga y Roberto Enrique Velasco Montes, entre algunas de las personas relacionadas, dice la investigación.
Raquel Tatiana Núñez Pagoaga se encuentra vinculada con las sociedades mercantiles GSM Centroamérica y la compañía de seguridad Lares, por figurar en los consejos de administración o por habérsele otorgado poder de representación.
De igual manera figura en las siguientes sociedades mercantiles: Grupo Hotelero Boquerón, primero como representante y luego como socia; Inversiones y Construcciones Avanty, constituida en Panamá el 21 de febrero de 2011.
La sociedad Scarius Marine S.A., también constituida en Panamá el 1 de julio de 2010 y registrada en Honduras, fue creada con la finalidad de compraventa, fletamento y administración de naves o buques y operación de líneas de navegación, así como cualquier otra clase de contratos.
Las sociedades Inversiones y Construcciones Avanty y Scarius Marin, así como Raquel Tatiana Núñez Pagoaga, se encuentra vinculada con los señores José Miguel Handal Larach, José Miguel Handal Pérez y la esposa de este, Ena Elizabeth Hernández Amaya, quienes le donaron al menos 16 bienes inmuebles ubicados en diversos lugares de Cortés.
Por el inmueble con matrícula 443868, ubicado en la colonia Juan Lindo, que se encuentra a la fecha a nombre de Inversiones y Construcciones Avanty, sociedad representada por Raquel Tatiana Núñez Pagoaga, se recibió una línea de crédito de 12 millones 278 mil lempiras, crédito garantizado en una primera hipoteca sobre el inmueble ubicado en barrio Medina Concepción, San Pedro Sula, inscrito con matrícula 739197, propiedad de Grupo Hotelero Boquerón. En fecha 31 de octubre de 2007, José Miguel Handal Larach vendió un inmueble ubicado en Punta Gorda, Omoa, Cortés, a Joaquín Martínez Meza por la cantidad de 50 mil lempiras. Posteriormente, Martínez Meza le donó la propiedad a Raquel Tatiana Núñez Pagoaga, quien el 25 de abril de 2013 se lo vendió por la cantidad de cuatro millones 150 mil 422 lempiras a Julia Esther Estrada Guzmán, quien actuó como representante legal de la sociedad denominada Scarius Marine.
Este tipo de transacciones continuaron. Entre otros casos está que en octubre y noviembre de 2007 Handal Larach, por 300 mil y 100 mil lempiras, también vendió dos inmuebles a los señores Mario Enrique Zelaya Cabrera y Juan Carlos Escalón Carbajal, quienes en el 2013 le donaron los terrenos a Raquel Tatiana Núñez Pagoaga, quien el 25 abril de 2013 vendió tales inmueble a la sociedad Scarius Marine. En la amplia investigación también aparece que entre el 20 de febrero y 1 de marzo de 2013 Raquel Tatiana Núñez Pagoaga vendió dos propiedades por tres millones 700 mil lempiras a una inmobiliaria, las que posteriormente la revendió por 26 millones 500 mil lempiras.
En la investigación también se menciona al empresario Yankel Rosenthal Coello en su condición de aval solidario para el pago de una deuda de 750 mil dólares, ante una demanda promovida por Raquel Tatiana Núñez Pagoaga. En dicha demanda se ordenó el embargo sobre diversos bienes propiedad del señor Rosenthal Coello, los que no fueron ejecutados.
Por otro lado, los agentes constataron que la empresa Servicios de Vigilancia y Seguridad (Service) fue constituida en fecha 7 de junio de 2011 por Alex Emilio Oliva Chinchilla. Mediante diligencias investigativas realizadas por personal de esta dirección pudo constatarse que los empleados que laboraban para la compañía de seguridad Lares fueron absorbidos por Servicios de Vigilancia y Seguridad.
De igual manera se explica que bienes propiedad del Oliva Chinchilla y de personas relacionadas se encuentran asegurados e incautados “por presumirse su origen ilícito”. Mediante información recibida vía correo electrónico se establece la relación de Oliva Chinchilla con la organización, relación que se muestran de igual manera con los créditos que la señora Núñez Pagoaga avaló a favor de la mencionada sociedad en fecha 22 de febrero de 2016 a través de un inmueble registrado bajo matrícula 739197. Ante tal situación, la DLCN también dio seguimiento a varias personas que sirven como testaferros.
En la investigación también está un informe de los allanamientos que el 21 de julio de 2015 se realizaron en los apartamentos Ay C ubicados en el cuarto piso de condominios Quinta Bella y que estaban ocupados el A por Franco Fabricio Ulloa Alonzo y el C por Juan Ramón Matta Waldurraga. En el apartamento se encontró una maleta negra conteniendo diversos documentos, misma que Ulloa manifestó pertenecía a Matta Waldurraga. En el B también se encontraron una serie de documentos de Matta Waldurraga y las empresas relacionadas con su organización. A lo largo de los 17 años de investigación, la DLCN dio seguimiento a la constitución de las sociedades mercantiles y a los movimientos de dinero que tenía los socios de la red en el sistema financiero