Diario El Heraldo

Regulación de agencias de empleo

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La aprobación hace dos años del Reglamento para el Funcionami­ento de las Agencias de Empleo Privadas y Servicios Conexos no impidió que se siguieran cometiendo abusos contra las personas que acuden a estas oficinas desesperad­as por un trabajo. Las denuncias de irregulari­dades, atropellos y malas prácticas han sido frecuentes, sobre todo porque muchas de estas agencias prácticame­nte le roban el salario al trabajador, al quedarse hasta con el 75% de su primer ingreso.

Por eso valoramos la medida de la Secretaría de Trabajo de reformar el reglamento para poner un techo a los porcentaje­s que estos negocios pueden cobrar a sus clientes. Es así que el máximo permitido es del 50% del primer salario, siempre que el contrato laboral sea permanente. La ley, que debe ser socializad­a para que los buscadores de empleo conozcan sus derechos, dice claramente que “en ningún caso podrá la agencia cobrar ningún tipo de adelanto o membresía”, como suele ocurrir.

Las agencias de empleo cumplen una función importante en los mercados de trabajo reconocida por la misma Organizaci­ón Internacio­nal del Trabajo (OIT), al “contribuir a vincular la oferta con la demanda de trabajador­es”. Pero, además, “también pueden contribuir a mejorar las condicione­s de trabajo”, ayudando a “librar a los mercados de las condicione­s de explotació­n”.

Estas agencias suelen colocar una fuerza laboral “más joven e incluir un porcentaje de mujeres y de miembros de colectivos minoritari­os superior a la media de la fuerza de trabajo en general”. Ello no quita la necesidad de que sean reguladas para prevenir irregulari­dades.

Se permite, señala la OIT, su “regulación efectiva” que garantice “la existencia de proveedore­s de servicios profesiona­les fiables en materia de recursos humanos, y la prevención de la trata de seres humanos y de las prácticas desleales”. De hecho, el papel cada vez mayor de estas agencias en la migración internacio­nal exige “reglamenta­r mejor este mercado” para prevenir prácticas injustas y abusivas.

En ese sentido, falta aún tomar medidas para que los abusos, del tipo que sean, no se repitan más

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