Desaparecidos “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”
humanos esenciales, que se dan tanto en zonas urbanas como áreas rurales.
Por lo general son jóvenes los capturados, allanando sin previa autorización sus viviendas -utilizando la fuerza brutapara posteriormente ser sometidos a castigos crueles, antesala de su asesinato. Las motivaciones para tales hechos delictivos son diversas: desde razones de “seguridad nacional” hasta implicaciones de participación en maras y narcotráfico. No importando las causales, el hecho es que pese a que la Constitución política vigente prohíbe la aplicación de la pena de muerte y que nuestro país ha ratificado la Convención sobre Desapariciones Forzadas, continúa, de hecho, la práctica de ejecuciones extrajudiciales inmersas, generalmente, en la impunidad, reflejo de la debi- lidad institucional tanto de los cuerpos policiales de investigación como del Poder Judicial y el Ministerio Público.
Y los organismos y personas involucradas en la defensa de los derechos humanos son objeto de campañas mediáticas de cuestionamientos, descrédito, estigmatización, amenazas, agresiones, abarcando también a ambientalistas, grupos campesinos e indígenas, comunicadores sociales, reducidos a la indefensión. Incluso, tras el asesinato de Bertha Cáceres, la condena internacional de tal hecho atroz, la cancelación de préstamos a empresas hidroeléctricas, se buscó desviar la atención de la opinión pública nacional y extranjera, tergiversando las causales de su suplicio.
Al respecto, es oportuno recordar la Declaración de las Naciones Unidas acerca del derecho y el deber de individuos, grupos e instituciones de proteger los derechos humanos . En su artículo 1 declara: “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”.
La población debe, cuando menos, otorgar un voto de confianza y solidaridad a las y los compatriotas involucrados en la salvaguarda de los derechos humanos en Honduras por medio de organizaciones privadas, entre ellas la Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI Participa), el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), el Comité de Familiares Detenidos de Honduras (Cofadeh), el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Casa Alianza, Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez, Centro de Estudios de la Mujer, Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh),Organización Fraternal Negra Hondureña, Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (Conpah), Equipo de Monitoreo Independiente de Honduras (EMIH), Red Lésbica Cattrachas, Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conaprev), Asociación Kukulcán, Red de Trabajadoras Sexuales de Honduras, entre otras, no solo en esta fecha 30 de agosto en que se conmemora el Día Nacional e Internacional del Detenido y Desaparecido, también, permanentemente, todos los días del calendario
Al respecto, es oportuno recordar la Declaración de las Naciones Unidas acerca del derecho y el deber de individuos, grupos e instituciones de proteger los derechos humanos”.