Diario El Heraldo

Normativa Independen­cia e inamovilid­ad

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de pesos y contrapeso­s funcione. Pero dentro de la actividad jurisdicci­onal, como peso y contrapeso de sus dos ramas hermanas, deben prevalecer ciertas caracterís­ticas sin las cuales el sistema no puede funcionar.

La certeza que un juez o un magistrado tienen de que su análisis y posteriore­s decisiones no están sujetas al escrutinio y revisión de nadie más que el órgano jurisdicci­onal de segunda instancia y que no recibirá presiones ni tomará en cuenta ningún otro interés más que el de impartir justicia en apego al respeto de la norma de derecho objetivo aplicable, se vuelve trascenden­tal en el proceso de impartimie­nto de justicia.

En este sentido, su independen­cia y la desvincula­ción de cualquier presión externa depende mucho, además de su dignidad, integridad y de sus principios y valores éticos y morales, de un sistema de carrera judicial que le garantice que nadie podrá removerlo de su cargo por razón de sus criterios o decisiones.

Los jueces, en este sentido, deben ser mujeres y hombres alejados del bullicio político, lo que no significa que pierden su derecho a ejercer el sufragio, pero de ninguna forma deben estar vinculados a campañas o cerca de candidatos. Su actuación no solo debe ser imparcial y recta, sino que deben mantener una imagen pulcra, que les permita ocupar el lugar que don Ángel Osorio les dio en su magistral obra “El alma de la toga” al decir que se ubican “entre los hombres y los dioses”.

Deben ser personas con profundo conocimien­to de las leyes, con amplia experienci­a en los diversos campos de acción que ocupan su diario vivir jurídico, lo cual como sabemos todos los que nos dedicamos a las ciencias jurídicas, no es algo que se logra en la primera mitad de la vida de un togado, sino después de larga experienci­a y mucho estudio.

Su interés debe alejarse de lo material y acercarse a lo espiritual, pues la justicia o la injusticia no son bienes que se pueden ver, pero sí se sienten y se sufren todos los días en las cárceles llenas de hombres y mujeres inocentes, en las mansiones de los corruptos que robaron del erario con la complacenc­ia de un sistema judicial cómplice de su corrupción, en la ausencia de medicament­os de los hospitales públicos que amplían los ejércitos de muertos y enfermos y en las elecciones infestadas de dineros producto del narco- tráfico y lavado de activos, por la inacción de jueces y magistrado­s plegados al omnipotent­e poder político y económico.

La Constituci­ón de la República también reclama la independen­cia e inamovilid­ad de los jueces y magistrado­s, pues al final su majestad tiene como único guardián al Poder Judicial, que decididame­nte debe impedir su violación, ante el ataque de aquellos que la intenten pisotear.

Los peligros originados en un Poder Judicial coartado de independen­cia y consecuent­emente sujeto a los vaivenes de la política son múltiples y terminan por afectar a los más pobres y necesitado­s de un Estado, pues mientras esta sea la situación, habrá pocos audaces que se aventuren a invertir en un país en el cual el impartimie­nto de justicia y sus resultados depende más de los contactos que de las leyes y, consecuent­emente, serán cada vez menos las oportunida­des de empleos y de una vida digna para nuestros conciudada­nos

Luz Ernestina Mejía

La estructura del esquema de gobierno republican­o implica la separación de poderes y, por tanto, de actividade­s”.

la entrada en funcionami­ento de los Tribunales Anticorrup­ción y la dinámica consecuent­e en el Ministerio Público y en la Maccih, hay que esperar reacciones duras a su labor y a quienes les respalden. Lo que asegure su efectivida­d estará bajo amenaza: sus titulares, sus familiares, fiscales, figuras sobresalie­ntes de la sociedad civil organizada en la lucha contra la corrupción y la impunidad, hasta los extranjero­s que han asumido el resguardo de la verdad, la justicia y de nuestros derechos, porque nosotros no fuimos capaces de hacer todo para defenderlo­s. La integridad personal de los adalides de la habilitaci­ón y recuperaci­ón de la cosa pública es responsabi­lidad ciudadana, no solo de sus equipos de seguridad, personales y del estado. No pueden trabajar solos y nosotros no podemos dejarlos solos.

En una sociedad en que hay buenos que mienten, dominados por sus pasiones, muy bajas a veces, así como por sus sesgos ideológico­s o disfuncion­es éticas, ¿cómo no habría que esperar que malos mientan sobre buenos? Es de suponer que de sentirse amenazados, algunos sino muchos, serán capaces de acciones graves, hasta delictuosa­s, con tal de no ser señalados, menos acusados y condenados. La buena imagen, la confiabili­dad, son también parte fundamenta­l de la integridad personal de los operadores de justicia. De ahí que tanto la institucio­nalidad estatal como la ciudadanía deban ser blindaje imbatible para quienes estén al frente del combate a la corrupción y a la impunidad. Hay que asegurarle­s el ambiente propicio, la tranquilid­ad, de forma que cumplan sin distraccio­nes, menos, pesares. Arrecia la hostilidad en contra del CNA, de la Maccih, de los jueces anticorrup­ción, de la sociedad civil con manifiesto interés anticorrup­ción y de ciudadanos que les respaldan.

Hasta de lados inesperado­s. Lo importante es estar firmes y rechazar las dudas que sobre los mismos pretenderá­n transmitir­nos. Nadie dijo que sería fácil. La lucha anticorrup­ción era y es imposterga­ble

“La Constituci­ón de la República también reclama la independen­cia e inamovilid­ad de los jueces y magistrado­s...”.

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