Agenda política y social, los desafíos del nuevo Congreso
La mirada estará puesta en las reformas electorales, para lo cual tiene que haber consenso entre la clase política. Igualmente están en la mira los nombramientos de nuevos funcionarios
La cuarta legislatura que se instalará este jueves en el Congreso Nacional tiene por delante una serie de desafíos políticos, económicos y sociales que requerirán del concurso, algunos de ellos, del voto calificado de la Cámara.
Pero este voto calificado deberá preceder de un diálogo nacional del que salgan satisfechos todos los sectores involucrados en la crisis política derivada de las elecciones generales practicadas el 26 de noviembre del año pasado. Aparte, el Congreso tendrá que nombrar nuevas autoridades de algunas instituciones que ameritan las dos terceras partes de los votos.
El diálogo nacional aún no comienza, solo se han producido algunos encuentros del Presidente de la República con sectores políticos minoritarios que no precisamente forman parte del conflicto y con organizaciones vinculadas a la academia, el sector social de la economía, campesinos, obreros empresariales. A este tipo de encuentros se les ha denominado “prediálogos”.
Lo político
La parte política es, quizás, la que por ahora más interesa a los partidos de oposición, que aún no aceptan el resultado de las elecciones.
El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, dijo que “hablando se entiende la gente”, dando a entender que se pueden llegar a acuerdos con la oposición que desde hace cuatro años viene demandando reformas electorales. El mandatario fue aún más allá cuando expresó: “No le podemos decir no a ninguna propuesta, aunque no nos parezca. Hay que entenderlo, solo que hay que llevarlo a la mesa del diálogo”.
TSE y RNP
Entre las reformas electorales que más le interesa a sociedad civil y que coinciden con las recomendaciones que en el año 2013 hicieron las misiones internacionales de observación electoral están la despolitización del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Registro Nacional de las Personas (RNP).
El partido Libre y el Pac (que controlaba Salvador Nasralla) venían demandando un representante en estos organismos electorales, pero el presidente del Partido Liberal, Luis Zelaya, es del criterio que estos entes deben ser despolitizados y buscar otra forma de nombramiento de los magistrados.
Concluidos los comicios generales de 2013 las misiones de la Organización de Estados Americanos (OEA) y Unión Europea (UE), sugirieron en sus informes despolitizar el TSE y el RNP.
Este último ente, según estas misiones, debe emitir una nueva tarjeta de identidad con lo cual el Censo Nacional Electoral- que constituye otra fuente de contaminación de los procesos electorales- quedaría depurado.
Las mesas receptoras
La otra reforma con carácter de urgente, según la oposición y la misma comunidad internacional, es la relativa a la modificación de las Mesas Electorales Receptoras, que por ahora están representadas por cada uno de los partidos políticos participantes en los comicios.
El papel que hace la mesa, a criterio de Jacobo Hernández Cruz, exmagistrado del TSE, es sensible porque le toca contar los votos, validar los nulos y los blancos y elaborar el acta original de cierre, documento que le sirve el TSE para hacer el escrutinio general. Las mesas son vulnerables porque reciben la influencia de los políticos que manipular resultados.
Sin embargo, en el reciente proceso electoral no fue la mesa la que recibió la crítica generalizada de la oposición, sino el sistema de procesamiento y divulgación de las actas.
La segunda vuelta como opción electoral es otra de las reformas demandas al sistema político hondureño. Esto le daría una mayor legitimidad al ganador de las elecciones.
La segunda vuelta existe en varios países de América Latina, solo que hay algunas diferencias entre ellos. Este es otro de los campos que, de consensuarse, requerirá del concurso de la mayoría calificada de la Cámara Legislativa.
Los políticos también deberán ponerse de acuerdo sobre el nombramiento este año de las nuevas autoridades de la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público y los comisionados de Coalianza y del Instituto de Acceso a la Información Pública