Invitada Escuelas, ¿centros del saber o centros del miedo?
generó pánico en la comunidad educativa, provocando que muchos padres de familia trasladaran a sus hijos a otras escuelas; el pánico fue mayor porque dos gemelas de 14 años fueron raptadas después del tiroteo y sus cuerpos aparecieron mutilados días después. Voces silenciosas por el miedo a ser identificadas afirman que en las escuelas algunos alumnos son miembros o hijos de integrantes de pandillas, y en ocasiones amenazan a otros estudiantes o docentes, por lo cual han tenido que pedir resguardo policial.
Desde que se inició el periodo escolar 2018 se han suscitado dos hechos violentos que han tenido como escenario al Centro Básico Monseñor Jacobo Cáceres Ávila de la Aldea Suyapa. El 2 de abril, Rodis Eduardo Peralta Rivera de 12 años perdió la vida producto de las balas afuera de este centro básico, cuando esperaba el transporte para ir a su casa; diez días después la maestra Miriam Leticia Argueta resultó herida de bala a 200 metros de el mismo centro educativo. El pánico se ha apoderado del personal docente y de la población estudiantil, ya que los conflictos armados entre presuntos pandilleros se han vuelto frecuentes.
Aprender con miedo es una constante para nuestras niñas y niños, pero ahora también los maestros enseñan con miedo debido a la violencia. Las escuelas públicas, además de estar perdiendo su rol fundamental de promover los procesos de enseñanza y aprendizaje, formar ciudadanos y ciudadanas, y promover la diversidad y la convivencia pacífica en ambientes democráticos, se han convertido en espacios en los cuales se vulnera el derecho de niñas, niños y adolescentes a desarrollarse en ambientes seguros y protegidos. No podemos permitir que esta situación de violencia continúe en el país y siga arrebatándoles la vida y los sueños a nuestros niños, niñas y adolescentes.
En Honduras existen diferentes conceptualizaciones sobre violencia escolar, una desde la óptica de seguridad pública y otra desde la educación. Desde el punto de vista de seguridad se define como aquellos actos que quebrantan la ley y victimizan a la comunidad educativa, por lo que registra una amplia gama de delitos como homi- cidios, amenazas y agresiones sexuales. En contraste, el Ministerio de Educación sistematiza cuatro formas de violencia en las escuelas (violencia psicológica, violencia física, bullying y violencia sexual) y diversos factores de riesgo (pandillas, drogas, armas, etc.). Esta discrepancia y la poca disponibilidad de datos oficiales han generado que se recolecte distinta información y que se implementen estrategias de prevención con enfoques diferentes y carentes de integralidad.
Ambas perspectivas coinciden en que la violencia ocurre adentro y afuera de la escuela y afecta más a los estudiantes que a otros miembros de la comunidad educativa; sin embargo, los problemas que detectan son distintos.
A pesar de que la escuela pública hondureña está en riesgo, aún es percibida como un espacio seguro en el territorio, pues el fenómeno de la violencia afecta al contexto educativo de distinta manera a lo largo del país. No todos los centros escolares lo enfrentan, y los que sí lo hacen reportan mayor exposición en la comunidad que en su interior.
En definitiva, la escuela aún puede ofrecer un contexto educativo seguro, libre de violencia y propicio para el desarrollo pleno de los estudiantes. Es imperativo que el Estado asegure el cumplimiento de la misión de la educación, y fundamental que se analice si las estrategias de prevención de la violencia escolar utilizadas responden adecuadamente a la realidad de las escuelas públicas hondureñas, para que nuestros niños y niñas puedan ejercer su derecho a una educación libre de todo tipo de violencia
Es por todos conocido que un contexto hostil compromete el rol de la escuela como refugio del tejido social”.