Opresión Terrorismo de Estado: de Castillo Armas a Pérez Molina

Elsy Mendoza, quien afirmó: “Bastaron 16 meses de gobierno para que el genocida desatara la represión más feroz contra la población guatemalteca” (EL HERALDO, 4 de abril de 2018, p. 8). En efecto, se erigió en un Savonarola, inquisidor de última instancia ordenando la masacre de comunidades enteras, incluyendo mujeres, infantes, ancianos, con una visión fundamentalista-maniquea de su país, bajo la influencia de la secta evangélica californiana Del Verbo: ángel exterminador, brazo ejecutor de la supuesta voluntad divina.

Ronald Reagan alabó tal misión “purificadora” del oficial mesiánico: “Hombre de gran integridad y compromiso personal”.

Para entender la dramática historia guatemalteca, remontémonos al pretérito: desde la conquista hispana a la actuali- dad, pasando por la Reforma Liberal implementada a partir de 1871, un común denominador fue y sigue siendo la explotación, marginamiento, discriminación, racismo, en contra de los pueblos originarios. Un fugaz paréntesis fue la década de reformas estatales imple- mentadas por los presidentes popularmente electos Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz, de 1944 cuando se derrocó al tirano Jorge Ubico hasta 1954 con la invasión patrocinada por la CIA y coordinada por el embajador estadounidense con la connivencia de las Fuerzas Armadas guatemaltecas y el gobierno de Juan Manuel Gálvez, al facilitar nuestro territorio como santuario para la expedición mercenaria.

Así, a partir de 1954 las políticas gubernamentales, por parte de uniformados y civiles, han tenido un denominador común: impedir por la fuerza cualquier retorno a las conquistas obtenidas por campesinos y obreros, de 1944 a 1954, mucho menos a su profundización.

Esta continuidad en las políticas oficiales deben incluir, además de Ríos Montt, a quieconvivió nes le precedieron y sucedieron en el poder: los militares Castillo Armas, Ydigoras, Peralta Azurdia, Arana Osorio, Lucas García, Mejía Víctores, Laugerud, Pérez Molina, entre otros, contando con la complicidad de escuadrones de la muerte, dirigidos por Mario Sandoval Alarcón y sus sucesores, más la pasividad y/o aliento de gobernantes civiles y organizaciones aglutinantes del alto empresariado, responsables, por acción u omisión, de masacres, despojo de tierras comunales, desplazamiento forzado de poblaciones, contando con la asesoría de Boinas Verdes, entrenamiento en la Escuela de las Américas, servicios de inteligencia israelí, abastecimiento de armas por parte de Washington y Tel Aviv.

Un antropólogo y sacerdote Jesuita, dr. Ricardo Falla, con comunidades indígenas, dejando testimonio de lo ocurrido en obras como “Quiché rebelde”, “Masacres de la selva”, “Esa muerte que nos hace vivir”. La labor de denuncia, a riesgo de su vida, de la indígena Rigoberta Menchú, quien dio a conocer al mundo la implacable persecución de su pueblo, la hizo acreedora al Premio Nobel de la Paz en 1992. Otro destacado defensor de los derechos humanos, monseñor Juan Gerardi, fue asesinado en 1998.

Jueces íntegros, a despecho de amenazas y atentados, lo acusaron de genocidio, en tanto otros de sus colegas, colaboracionistas, lo eximieron, para eventualmente formulársele nuevamente los cargos originales. Sus abogados defensores alegaron demencia, falleciendo “en paz y tranquilo” el 1 de abril de este año

En efecto, se erigió en un Savonarola, inquisidor de última instancia ordenando la masacre de comunidades enteras”.