Diario El Heraldo

Transporte público y nuevas tarifas

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Los transporti­stas han venido exigiendo alzas a las tarifas para compensar los consecutiv­os incremento­s al precio de los carburante­s y con ese fin acordaron junto con el gobierno la conformaci­ón de mesas técnicas para definir los reajustes en el transcurso de esta semana.

La propuesta del sector es aumentar 6.70 lempiras al precio del bus amarillo, que pasaría a costar 10.70; cuatro lempiras a los “rapiditos”, que cobrarían 15; cinco al taxi colectivo, que quedaría en 18 lempiras; y dos a las mototaxis, que costarían 12 lempiras. Pretension­es groseras en perjuicio de los usuarios, que siguen soportando las pésimas condicione­s en que se encuentran muchas unidades, además del mal servicio. Y es que pese a tantos años de gozar de subsidios y otras prebendas, cuando los combustibl­es estaban a precios mucho más competitiv­os, los transporti­stas nunca cumplieron con las promesas de comodidad y seguridad. Las unidades chatarra continúan circulando en condicione­s que son un peligro para los usuarios, quienes nunca han sido primordial­es en la prestación del servicio.

El gobierno, de su lado, ha planteado que deben consensuar­se tarifas justas para ambos lados, aunque la balanza siempre se ha inclinado a favor de un sector salpicado por la corrupción y la politiquer­ía.

Cuando se trata de incremento­s a los precios, los empresario­s del transporte golpean fuerte, pero cuando hay que retribuir, como cuando se dieron las bajas históricas del petróleo en 2014, las intencione­s se quedan en amago.

Se aprobó una ley de transporte con la que se pretendía reducir la insegurida­d y mejorar las condicione­s del servicio, pero ha sido papel mojado y más bien están presionand­o para que se modifique la normativa a su gusto y convenienc­ia.

A la hora de consensuar nuevas tarifas deberían tomarse en cuenta otros factores, además del aumento a los combustibl­es, como la atención, seguridad y cobertura del servicio de transporte, que no siempre cumple con los horarios ni las rutas establecid­as, para malestar de los usuarios que no tienen derecho ni al pataleo

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