El MP anuncia recursos contra fallo de jueza
De los 38 implicados, a 25 se les dictaron medidas sustitutivas a la prisión y solo Jacobo Regalado permanecerá encarcelado acusado por tres delitos. Otras tres personas fueron sobreseídas del proceso
Respetamos la decisión, pero no la compartimos, reaccionó el Ministerio Público luego que la jueza Lidia Álvarez diera medidas sustitutivas a 25 implicados en desvío de fondos de la SAG. Exministro Jacobo Regalado, el único que guarda prisión.
“Respetamos la decisión de la jueza, pero no la compartimos”, así respondió ayer la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) del Ministerio Público (MP) a la resolución del caso Pandora.
La madruga del sábado, la jueza Lidia Álvarez Sagastume, de la sala II del Tribunal de Sentencias de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), resolvió dictar auto de formal procesamiento con medidas distintas a la prisión a 25 de los 38 implicados en el caso Pandora.
El único que quedó privado de libertad por este caso fue el exministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Jacobo Regalado, mientras que el exalcalde de Yoro, Arnaldo Urbina Soto, sigue en prisión, pero por otros casos, en El Progreso, Yoro.
En total son 24 los que salieron gracias a las medidas sustitutivas de la prisión, es decir, que todos los diputados y demás funcionarios se podrán defender en libertad.
Ante esta decisión judicial, la Ufecic anunció a través de redes sociales que hará uso de los recursos correspondientes contra la resolución.
“Han sido arduas horas de trabajo, tanto para los defensores, Ufecic-Maccih, Fetccop y de la magistrada, que controló de manera ecuánime la audiencia, de no ser así, se hubiera extendido por varios días más”, reaccionó el MP.
Al mismo tiempo advirtió que “respetamos su decisión, no la compartimos, haremos uso de los recursos correspondientes”, es decir, que interpondrán un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones del Poder Judicial.
La Ufecic resaltó que en la resolución la jueza ha dado por acreditados los hechos, consistentes en el desvío de más de 282 millones de lempiras del Estado, de los cuales fueron beneficiarios personas naturales, jurídicas y partidos políticos.
La decisión de la jueza no fue porque Ufecic no haya acreditado los hechos, sino porque según su criterio, la Ley de Lavado de Activos del 2002 no considera como precedente los delitos en perjuicio de la Administración Pública, lamentó el ente investigador.
Resolución
A eso de la 1:30 de la madrugada del sábado, la magistrada del Poder Judicial, después de maratónicas discusiones, que comenzaron desde el lunes anterior con la audiencia de declaración de imputados, emitió la resolución final.
La jueza consideró que existían indicios suficientes para otorgar auto de formal procesamiento contra Jacobo José Regalado por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios, los que tienen una pena de tres a seis años de prisión.
También es acusado de fraude y podría recibir entre seis a nueve años de cárcel, más el delito de malversación de caudales públicos, que son de seis a 12 años de reclusión.
Regalado quedó con la medida cautelar de prisión preventiva y permanecerá recluido en el Segundo Batallón de Infantería Aerotransportado de Támara.
Para las tres mujeres, dos que guardaban prisión en la Penitenciaría Nacional de Femenina de Adaptación Social (PNFAS) y otra que tenía arresto domiciliario por estar en período de lactancia, se les aplicaron medidas sustitutivas a la prisión, es decir, que se defenderán en libertad.
Es así que Norma Keffy Montes Chandías es acusada por los delitos abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios, que tienen una pena de tres a seis años de cárcel y el delito de fraude de seis a nueve años.
A Velkis Hernández se le enjuiciará por los delitos de falsificación de documentos públicos, quien podría recibir una pena de tres a nueve
años de cárcel.
Mientras que a Laura Aide Arita Palma se le seguirá el proceso por los delitos de falsificación de documentos, con pena de tres a nueve años de cárcel y por fraude de ser sentenciada recibiría entre seis y nueve años.
La jueza al mismo tiempo determinó cambiar el delito de lavado de activos por el de encubrimiento o receptación a 22 de los imputados, entre ellos los diputados Elvin Ernesto Santos Ordóñez, José Celín Discua Elvir, Rodolfo Irías Navas, Miguel Edgardo Martínez Pineda y Elden Vásquez, el cual tiene una pena de tres a cinco años de prisión.
Por la misma acusación se les continuará el proceso judicial a Arnold Gustavo Castro Hernández, Arnaldo Urbina Soto (en prisión por otro caso), Jean François Marie de Peyrecave, Carlos Alberto Pineda Fasquelle, Wilson Rolando Pineda Díaz, Ramón Antonio Lara Bueso, Redin Lenín Chávez Galindo, Armando José Rivera Marroquín, Hernán Seaman Elvir, Franklin Erick Toruño Colindres, Lenín Rigoberto Rodas Velásquez, Félix Francisco Pacheco Reyes, Eduardo Enrique Lanza Raudales, José Adolfo Sierra Morales, Josué Francisco Velásquez Sánchez y José Luis Flamenco Mejía.
Al extinto exministro de la Secretaría de Finanzas (Sefin), William Chong Wong, se le dictó sobreseimiento definitivo por extinción de la acción penal.
Lo mismo sucedió con Mario Rolando Suazo y Mario Edgardo Suazo, quienes fueron sobreseídos desde el inicio del proceso por el MP.
Justificación
La resolución del Poder Judicial establece que los hechos juzgados se realizaron en los años 2011, 2012 y 2013, cuando estaba vigente la Ley contra el Delito de Lavado de Activos de 2002, contenida en el decreto 45-2002.
Ante esto consideró que no es procedente la aplicación de la Ley Especial contra el Lavado de Activos de 2015 y para aplicarla sería necesario la acreditación de un delito precedente a la anterior ley vigente.
Iván Martínez, apodera- do legal de varios imputados, declaró que se logró quitar el delito de lavado de activos para todos los imputados en vista que el MP no logró acreditarlo.
Los abogados de la defensa privada afirmaron que interpondrán los recursos correspondientes para completar de acreditar la inocencia de sus defendidos.
Entre la mañana y el mediodía de ayer, varios medios de comunicación y amigos de los imputados se apostaron frente a la entrada principal del Primer Batallón de Infantería en la aldea Las Tapias, de Comayagüela, a esperar la salida de los imputados, pero nadie salió por ese lugar.
Horas más tarde trascendieron fotografías del diputado liberal Elvin Santos sonriendo con su abogado Raúl Suazo, pero se le notaba cansado, después de todo el proceso del que logró librarse. Desde el lunes anterior, los imputados comparecieron ante la jueza de la CSJ