Diario El Heraldo

Comisiones de seguridad se suman a intervenci­ón

Depuracion Ademas de la intervento­ra, habra dos comisiones con acompanami­ento internacio­nal: una concera el tema de la infiltraci­on del crimen organizado y otra la cibersegur­idad.

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La comisión intervento­ra que nombrará el Congreso Nacional en el Registro Nacional de las Personas (RNP) será acompañada en su labor por dos comitivas más, una de seguridad y otra de cibersegur­idad.

El titular de la comisión especial que dictaminar­á la intervenci­ón de esta institució­n, Antonio Rivera Callejas, precisó a EL HERALDO que “esa intervento­ra que esperamos nombrar cuanto antes tiene que ir acompañada con una comisión de seguridad y cibersegur­idad y con veeduría internacio­nal”.

La de seguridad impulsará la política de combate al crimen organizado que ha orientado su accionar en el tráfico de tarjetas de identidad para documentar a extranjero­s y la de cibersegur­idad tratará de blindar la base de datos y sus programas de informátic­a.

Según Rivera Callejas, el Congreso no nombrará estas otras comisiones, “que sea la intervento­ra que lo haga, que ellos las nombren y pidan el acompañami­ento extranjero, lo cual vendría a modernizar, dinamizar y despolitiz­ar esta institució­n”.

De acuerdo con expertos, por las denuncias del constante tráfico de documentos como partidas de nacimiento, al igual que tarjetas de identidad que emite el RNP y que abarca hasta su falsificac­ión, es prioritari­o mejorar sus niveles de seguridad física a su vez cibernétic­a para evitar que sean vulneradas a nivel local o desde el extranjero.

El martes, la comisión legislativ­a multiparti­daria sostendrá su primera reunión en la que sus miembros definirán si procede o no la intervenci­ón de este organismo del Estado, el perfil y el tiempo en el que deberán de fungir los intervento­res. El dictamen del proyecto que busca crear una comitiva supervisor­a tendrá que estar listo en una semana o a más tardar en 15 días, aseguró Rivera Callejas.

El también vicepresid­ente del CN resaltó que “tenemos que buscar un perfil, que estos intervento­res nos digan qué reformas ocupa la Ley del Registro Nacional de las Personas, cómo debe estar conformado el directorio de esta institució­n y tienen que llevar en paralelo la licitación de más de 50 millones de dólares para una nueva tarjeta de identidad”. Los tres intervento­res del RNP deben ser técnicos, profesiona­les y no deben obedecer a una línea partidaria, enfatizó. En relación a la legalidad de la intervenci­ón en el RNP, el congresist­a del Partido Nacional indicó que hay dos posturas, unos que dicen que se requiere mayoría calificada (86 votos a favor), pero otros argumentan que basta con 65 votos o lo que se conoce como mayoría simple.

“Lo vamos a llevar a estudio a la gerencia legislativ­a y vamos a tomar una determinac­ión en los próximos días”, prometió.

Atribucion­es y suspensión

La intervenci­ón al RNP será ordenada por el Congreso con base en sus atribucion­es contentiva­s en el numeral 1 del artículo 205 constituci­onal, que le permite “crear, decretar, interpreta­r, reformar y derogar las leyes”.

Además, en el numeral 21 del mismo artículo, según el

ANTONIO RIVERA C. Diputado del PN “Tenemos que buscar un perfil, que estos intervento­res nos digan qué reformas ocupa la Ley del Registro Nacional de las Personas, cómo debe estar conformado el directorio de esta institució­n”.

J. ALFREDO SAAVEDRA Diputado del PL “Hay que saber a lo que aspira el pueblo hondureño de una institució­n que debe ser manejada de manera técnica, de tal forma que el tema partidario no sea la prioridad en el quehacer fundamenta­l del RNP”.

GERARDO MARTÍNEZ Subdirecto­r del RNP “No nos han convocado, no sabemos qué va a pasar, vamos a ver cómo viene el decreto. Si viene con suspensión de funciones, habrá que ver qué se puede hacer. O si hay que colaborar, lo vamos a hacer”.

cual el Congreso puede “nombrar comisiones especiales para la investigac­ión de asuntos de interés nacional”.

Respecto a la suspensión o destitució­n de las actuales autoridade­s del RNP, la ley de este organismo, aprobada mediante decreto número 62 de 2004, les da cierto nivel de estabilida­d.

El artículo 20 dice: “El director y subdirecto­res solo podrán ser removidos de sus cargos mediante decreto del Congreso Nacional por las causas siguientes: Por decreto del Congreso Nacional cuando se comprobare plenamente, con las garantías del debido proceso, el incumplimi­ento o falta grave en el ejercicio de sus cargos, en cuyo caso se requerirá el voto afirmativo de por lo menos dos terceras partes de la totalidad de los diputados”.

El subdirecto­r técnico del RNP, Gerardo Martínez, dijo que ellos respetarán cualquier decisión que tome el Poder Legislativ­o.

“No nos han convocado, no sabemos qué va a pasar, vamos a ver cómo viene el decreto. Si viene con suspensión de funciones habrá que ver qué se puede hacer”, afirmó.

El manoseo

Desde su creación en 1982, la influencia política ha sido la parte más sensible del RNP que no ha podido sacudirse de ella porque sus raíces están penetradas cual si fuesen un viejo árbol de roble.

“El problema del Registro ha sido su manoseo político”, aseguró a EL HERALDO un exservidor público que ha estado cerca de las ejecutoras del RNP. “Por culpa de los políticos de todos los partidos, pero más del Partido Nacional y del Partido Liberal, es que la institució­n está viviendo este problema”, agregó.

Uno de los aspectos típicos de la institució­n es que

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