Al Primer Batallón envía jueza a otro exconcejal
El exconcejal Julio Barahona aseguró ayer con tristeza que el Estado le pagará por todo lo que a su juicio está sufriendo su familia
El exmiembro propietario del desaparecido Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, Julio Barahona, fue enviado ayer a prisión.
El reloj marcaba la 1:00 de la tarde cuando el togado llegó puntual al citatorio que le hizo la jueza de primera instancia.
Al entrar al Juzgado en Materia de Corrupción se pudo observar en su rostro tristeza y resignación de que iba a suceder la misma situación que con los demás exconcejales.
En la audiencia de notificación de cambio de medidas, la jueza le dictó un auto de formal procesamiento con prisión preventiva.
Los dos hijos de Barahona llegaron al juzgado para acompañarlo. “La jueza tuvo la deferencia de reprogramarme la audiencia a mí por la pérdida de mi padre, vengo preparado para correr con el destino de los demás, espero”, dijo el exconcejal Julio Barahona al llegar la juzgado. A su vez dijo que esperaba que lo enviaran donde están sus compañeros y en efecto así fue. “Estamos en un proceso, el Estado me va a pagar cada lágrima que he derramado con mi familia, yo sé que voy a salir bien librado”, afirmó. Sobre la Corte de Apelaciones que les revocó las medidas sustitutivas la catalogó como ignorante porque las cortes no pueden hacer reformas en perjuicio del imputado. La audiencia duró media hora y luego fue trasladado al Primer Batallón de Infantería donde están recluidos sus otros cinco compañeros. Los imputados en más de 600 delitos de corrupción que también guardan prisión en esa unidad militar son: Jorge Rivera Avilés, Teodoro Bonilla, José Quiroz y Celino Aguilera. La exconcejal Liliam Maldonado guarda prisión en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social. El Ministerio Público (MP) lo acusa por 67 delitos de malversación de caudales públicos. Según la Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción, el exconcejal Barahona podría enfrentar una pena máxima de 804 años. Esa pena es un castigo ejemplar, pero la pena máxima no podría exceder de 30 años en la cárcel en caso de que sea condenado. “Me voy a defender hasta conseguir la sentencia absolutoria”, afirmó. Agregó que la sociedad quiere que crucifiquen a los exconcejales.
“Lo que me está reclamando el MP es 179 mil lempiras en viáticos y yo di una fianza juratoria porque yo carezco de recursos, prácticamente estoy casi en calamidad pública”, dijo. Los apoderados legales de los seis imputados están a la espera de que la Sala Constitucional se pronuncie sobre el recurso de amparo con suspensión del acto reclamado y así recuperen su libertad condicional