Un buen paso
El Ministerio Público ha solicitado a las Fuerzas Armadas de Honduras un informe detallado sobre la participación de miembros de la institución en las manifestaciones populares ocurridas tras las elecciones generales de noviembre de 2019, en las que perdieron la vida al menos 22 hondureños y hondureñas, y las Fuerzas Armadas han entregado la información solicitada.
El Auditor de las Fuerzas Armadas, coronel José Estanislao Martínez, ha confirmado que entregaron toda la información requerida sobre los casos que señala la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos (OACDU), “...y eso es lo que han pedido ellos, nosotros damos lo que tenemos”, señaló el alto oficial.
Se sabe que esa información no fue proporcionada por los militares inmediatamente, ya que el Ministerio Público había hecho siete peticiones anteriores antes de tener una respuesta positiva.
Aunque tarde, es un buen paso en la lucha contra la impunidad, la violencia y el respeto pleno de los derechos humanos de las y los hondureños, aspectos en los cuales el Estado ha quedado a deber a sus ciudadanos por años.
Esto es así porque la sociedad está esperando conocer un informe oficial sobre cómo sucedieron los hechos, las condiciones en las murieron los ciudadanos, si su muerte estuvo o no relacionada con los acontecimientos políticos, la participación de los militares y el castigo de los responsables, si así concluyen las investigaciones.
Es un clamor nacional. Es indispensable, tal y como lo recomendó la delegación de la CIDH que realizó una visita in loco a Honduras entre el 30 de julio al 3 de agosto de 2018, avanzar de manera diligente e imparcial en las investigaciones que puedan identificar y sancionar a los responsables por los hechos de violencia, muertes y malos tratos en el contexto de las protestas surgidas después de las elecciones, ya que, ante la situación de impunidad y violencia que históricamente ha enfrentado Honduras, el Estado debe redoblar esfuerzos para garantizar los derechos de la población y que ésta recupere la confianza en las instituciones estatales