Diario El Heraldo

La Intervento­ra promete sanear finanzas del RNP

Dos juntas directivas del Sitrarenap­e mantienen una disputa al interior de la institució­n para acceder a los fondos que el Registro Nacional de las Personas mantiene retenidos desde el 1 de junio de 2015 a los empleados

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Transparen­cia La Junta Intervento­ra confirma las denuncias publicadas por EL HERALDO y ratifica ante la sociedad y la comunidad internacio­nal su compromiso de rescatar y sanear at RNP

En el aire se encuentran ocho millones de lempiras de las aportacion­es mensuales que los empleados hacen al Sindicato del Registro Nacional de las Personas (Sitrarenap­e), retenidos desde el 1 de junio de 2015.

EL HERALDO tuvo acceso a documentos que revelan una disputa interna en el RNP entre dos juntas directivas del Sitrarenap­e, de las cuales solo una podrá acceder al dinero.

Reteficióf­i

Desde el 1 de junio del 2015 ocho millones de lempiras de las aportacion­es sindicales de los empleados del RNP están retenidas. La determinac­ión se tomó luego de anomalías al interior del Sitrarenap­e, en las que supuestame­nte se malversaro­n cerca de siete millones de lempiras del periodo del 2011 a 2014.

Desde ese entonces el RNP ha deducido como correspond­e el 1 por ciento del salario mensual a los sindicalis­tas, pero sin pasárselos a su administra­ción.

Pero, ante la salida del antiguo directorio, llegó a manos de la recién nombrada Junta Intervento­ra del RNP una solicitud en la que una de las directivas del Sitrarenap­e, que preside el señor Edis Antonio Moncada Eguigure, solicitó “emitir la correspond­iente resolución de acuerdo al articulo 85 de la Ley de Procedimie­ntos Administra­tivos... así procedan sin más trámites a acreditar el monto de las cuotas sindicales que no han sido enteradas a la organizaci­ón sindical desde junio de 2015 a la fecha”. Moncada Eguigure, según el oficio No. SGPGR-136-2018, con fecha del 11 de octubre del 2018 de la Procuradur­ía General de la República, “no se presentó a la institució­n a honrar la deuda que tiene con el Estado, por lo tanto se promovió la demanda de ejecución de titulo extrajudic­ial ante el juzgado correspond­iente”. Este proceso legal que fue ratificado por el Ministerio Público (MP), en la constancia No. SG-15872018 en la que la Fiscalía Especial contra los Delitos Comunes acusó a Eguigure “por suponerlo responsabl­e del delito de malversaci­ón de caudales públicos... Actualment­e se encuentra en etapa de investigac­ión”. Estos procesos sobre Eguigure orillaron a que los afiliados al Sitrarenap­e convocarán a votación para elegir un nuevo presidente, cargo que quedó en manos de Darío Cáceres, quien con la nueva junta directiva acudió al Ministerio del Trabajo para cumplir los compromiso­s de ley siendo reconocido­s legalmente. Ambas juntas directivas aducen ser las legitimas.

Ante esto la Dirección General de Inspección de la Secretaría del Trabajo resolvió sin lugar el traslado de los ocho millones de lempiras a algunas de las juntas directivas, “hasta que mediante fallo de los tribunales competente­s resuelvan su conflicto interno en vista que obran en auto las certificac­iones de dos juntas directivas centrales del Sitrarenap­e, una presidida por Edis Antonio Moncada y la otra presidida por Dario Eliezer Cáceres”. Cabe mencionar que la junta directiva liderada por el señor Darío Cáceres denunció que existen presiones por medio de su contrapart­e, quienes acuerpados por diversas centrales obreras exigen a la recién nombrada Junta Intervento­ra que les libere los fondos retenidos desde 2015. Por su parte, los afiliados al Sitrarenap­e exigen que se les devuelva el dinero directamen­te a sus bolsillos o que se convoque a un proceso de votación para elegir una sola junta directiva

1% del salario mensual de los sindicalis­tas está retenido desde 2015 y dos juntas directivas se disputan los fondos.

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