Temen que el Fondo Departamental dispare aspiraciones políticas
Congreso Mauricio Oliva logro juntar los apoyos del PL y Libre para crear el polemic y cuestionado fondo usado con fines politicos y sin rendicion de cuentas. Finanzas rechaza aprobacion de ese decreto y dice que el estado no tience capacidad para dispone
La reactivación del Fondo Social Departamental por parte del Congreso Nacional contradice la política del Poder Ejecutivo y tiene como “trasfondo”, según los expertos, complacer las aspiraciones presidenciales de Mauricio Oliva y atender el clientelismo de otros partidos.
Para aprobar esta ley que crea el Fondo Departamental se hizo con el beneplácito de la mayoría de los diputados que de esta forma no solo se beneficiarán con el aumento a sus salarios, sino que seguirán disponiendo de dinero para financiar proyectos sociales en sus comunidades.
Tres patadas, tres mordidas
Los diputados, en una acción propia de la política hondureña, engañaron al pueblo en tres ocasiones consecutivas este año: derogaron el Fondo Departamental, se aumentaron sus salarios y reactivaron el fondo. En otras palabras: tres patadas, tres mordidas.
El 12 de julio de este año, Mauricio Oliva introdujo una iniciativa en la sesión celebrada en Gracias, Lempira, en la que pidió derogar este presupuesto, solicitud que fue aprobada.
Dos meses antes el mismo Congreso había eliminado los subsidios usados por los “padres de la patria” para “ayudar” a sus comunidades.
“Este artículo que se deroga contenía una partida presupuestaria de 400 millones de lempiras que correspondían al Fondo Departamental para el año 2018. Como no ha sido posible aprobar la ley que deroga este artículo, se hace el movimiento a otra partida presupuestaria para el salario de empleados y autoridades”, explicó en su momento el presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso Nacional, Mario Pérez.
La eliminación de esta partida manejada discretamente tuvo como origen la oleada de críticas que recibió este poder del Estado tras la denuncia que contra cinco de sus diputados hizo a finales del año pasado la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih).
Este órgano investigativo, en coordinación con el Ministerio Público, acusó a finales del año pasado a cinco diputados por haber supuestamente desviado los recursos del Fondo Social Departamental, programa aprobado en 2006 mientras fungía Roberto Micheletti como presidente del Congreso Nacional.
Una vez derogado el fondo, los diputados tuvieron una idea, aumentarse el salario como medida “compensatoria” y así fue. En el caso de presidente del Congreso, que ganaba 93 mil lempiras, pasó a devengar 151,911 lempiras y los vicepresidentes, que recibían 70 mil mensuales, ahora ganan 107,500. Entre tanto, los diputados propietarios ahora reciben un emolumento de 90,892 lempiras después de ganar 55 mil, o sea un incremento de casi 46 mil lempiras.
La tercera acción que ha generado las variadas críticas es la rehabilitación la semana pasada del Fondo Departamental, que le permite al presidente del Congreso el manejo discrecional de unos 400 millones de lempiras anuales, aunque en unos sectores se habla de 1,200 millones.
Libre y su papel
La reactivación de estos recursos fue respaldada por los diputados nacionalistas y la mayoría de liberales y de Libre, partido que da la impresión que se está apartando de su filosofía otrora crítica del bipartidismo. Este acomodamiento se justifica en tres pilares: la negociación para integrar la Junta Interventora del Registro Nacional de las Personas (RNP), haber aceptado los incrementos salariales para sus diputados y el respaldo a la reactivación del Fondo Departamental.
Analistas y expertos ven en esta actitud un diálogo, acercamiento y alineamiento entre Oliva y Libre, de cara a las reformas electorales e incluso el plebiscito, que ya se está hablando hacer el próximo año.
En un tuit divulgado ayer, el Congreso “aclara” “que mientras no haya una ley que regule el Fondo Departamental, y que esta se cree en consenso con la sociedad, estos recursos no sean utilizados por ningún diputado”.
Un retroceso
Para la ministra de Finanzas, Rocío Tábora, la decisión del Congreso representa un retroceso para el país. “Yo espero que eso no sea cierto porque en realidad el Presupuesto General de la República no puede incrementarse, en primer lugar y, segundo, el Poder Ejecutivo es el que ejecuta y el Legislativo es el que legisla y no está para ejecutar fondos públicos”, expuso.
Dijo que el caso ya lo conversó con el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, quien fue el que presionó en julio para que se suspendiera el referido fondo.
La funcionaria, según un boletín de Casa de Gobierno, reveló tener conocimiento que un grupo de diputados tiene interés en llegar a ejecutar directamente hasta un monto arriba de los 2,100 millones de lempiras.
Admitió que los diputados son electos por el pueblo y tienen que responder a necesidades de sus comunidades, pero para eso se tiene que fortalecer el diálogo con el Poder Ejecutivo.
“Yo creo que sería un retroceso, ese Fondo Departamental se creó desde 2006 durante el gobierno del expresidente (Manuel) Zelaya y desde entonces ha habido mucha suspicacia y
muchas dudas sobre el manejo, yo creo que no es la medida correcta porque el pueblo les dio el mandato de legislar y en algunos casos de ser gestores de proyectos sociales, pero no de ejecutores”, dijo la rectora de las finanzas. Tábora recordó que Hernández creó una plataforma para que las organizaciones no gubernamentales reciban fondos certificados para canalizar apoyo a las comunidades, pero de 84 solo 18 aprobaron, 10 están aplazadas y el resto no entró a la plataforma.
Usos y abusos
Según un análisis del Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh), desde su creación (2006) a la fecha el Fondo Departamental ha erogado “alrededor de unos 4,800 millones de lempiras” que han tenido como característica “la ausencia de monitoreo”. A “los diputados del Congreso Nacional no se les exige documentación ni procesos de liquidación rigurosos”, añade. El Fosdeh cita una encuesta según la cual “el 85% de los beneficiarios de los proyectos manifestó no saber cuál es el monto total manejado por los diputados y gran parte de los recursos utilizados se erogan en apoyo a programas de impacto social cuenta que no es tan fácil de medir como lo podría ser con un proyecto concreto de infraestructura.
Uno de los fines de esta partida es reducir la pobreza, pero según el Fosdeh, “en términos globales la pobreza no se ha visto reducida significativamente, es más, los índices de pobreza a nivel nacional crecieron en tres puntos porcentuales para el año 2017”.
Ausencia de monitoreo
Según Omar Rivera, representante de la sociedad civil, “los diputados se alejan de sus deberes legislativos al dedicarse a administrar recursos del Estado para la ejecución de obras públicas; deben concentrarse en cumplir a cabalidad con la función de presentar iniciativas de ley a favor de los ciudadanos y ejecutar la acción contralora a la administración gubernamental para garantizar un honesto y eficiente uso de los recursos públicos”