“Yo también”

Las denuncias de abuso sexual formuladas por varias mujeres, entre ellas periodistas, en contra el expresidente costarricense Óscar Arias, forman parte de una tendencia mundial, iniciada en EE UU, por la cual las féminas han concluido que mantener el silencio por temor a represalias, por pudor o cualesquiera otra razón, contribuye a perpetuar la impunidad de este fenómeno milenario que ha significado la sumisión de la mujer a la voluntad omnímoda del hombre, que percibe en ella a un objeto de placer y no una persona que debe ser respetada y valorada. El amor, la ternura y el trato justo son deformados e invertidos, reemplazados por el odio, el desprecio y la cosificación. La relación afectiva y consensuada da paso a la servidumbre. Así, ellas son manipuladas, instrumentalizadas y humilladas para satisfacer el desahogo psíquico y físico del sexo opuesto, lo que revela trastornos de personalidad que, de no ser atendidos, conducen a resultados cada vez más violentos y repetitivos, con desenlaces fatales. Quienes cometen estos atropellos pueden ser los padres de las víctimas, sus empleadores o compañeros de empleo. Aprovechan la indefensión física, social y económica de la ultrajada, perpetuando conductas machistas que en muchas ocasiones son encubiertas y/o protegidas por autoridades que incumplen su deber de investigar y aplicar el peso de la ley a quien la ha quebrantado, tras ser vencido en juicio. Las víctimas provienen de diversas clases sociales, etnias, nacionalidades, profesiones y oficios: desde actrices hasta domésticas, desde funcionarias a amas de casa, desde comunicadoras a religiosas. Cuando una dama abusada decide revelar públicamente que ha sido víctima de abuso sexual, genera un ejemplo multiplicador entre otras víctimas, inspirándolas a dar un paso hacia adelante y exponer a sus verdugos. La igualdad de género continúa siendo, incluso en países altamente desarrollados, un ideal y aspiración antes que un derecho y una realidad. Por ello, la implementación de campañas educativas masivas y la actualización de legislaciones protectoras de niñas, adolescentes y adultas forman parte de esfuerzos institucionales para la adecuada protección social, económica y legal de la mujer