De manera progresiva, empleados por contrato obtendrían acuerdo
Los trabajadores con más antigüedad serían los primeros beneficiados con la Ley de Estabilidad y Seguridad Laboral de los Empleados y Funcionarios Públicos, según los lineamientos contenidos en la propuesta
El otorgamiento de acuerdos o su permanencia en el gobierno para 38,000 empleados públicos será de manera progresiva y no de una sola vez. El diputado proyectista de la iniciativa con la que se busca beneficiar a los trabajadores por contrato de la administración pública, Tomás Zambrano, precisó a EL HERALDO que se esta analizando esta opción.
Resaltó que “como resultado de las consultas se elaborará la propuesta final que incluso podría ser el otorgamiento del acuerdo de manera progresiva”.
“Iniciando con los que tienen más antigüedad bajo la modalidad de contrato hasta llegar a los que tienen de uno a dos años”, agregó el también secretario del Poder Legislativo. Mencionó que este personal podrá gozar del privilegio de tener una jubilación digna.
El Poder Ejecutivo respaldará esta iniciativa denominada Ley de Estabilidad y Seguridad Laboral de los Empleados y Funcionarios Públicos, aseguró el congresista del Partido Nacional.
Argumentó que “se busca garantizar la estabilidad laboral y asimismo evitar más perjuicios económicos para el Estado, ya existen demandas interpuestas ante los órganos jurisdiccionales en masistema teria laboral, solicitando el otorgamiento del estatus de empleado permanente con el reconocimiento de la antigüedad desde el primer contrato y demás derechos que por ley al trabajador le asisten”.
Un total de 194,500 empleados públicos se contabilizan en la actualidad, de los cuales 156,500 son permanentes (80 por ciento) y únicamente el 20 por ciento laboran bajo la modalidad de contrato. De la administración central, la Secretaría de Educación es la que posee la mayor cantidad de burócratas, específicamente 75 mil trabajadores. Mientras que en la administración descentralizada es el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) que posee más empleados -arriba de 5,600-. La Secretaría de Finanzas (Sefin) estima que entre 400 a 500 millones de lempiras anuales representaría el impacto económico en caso de concretarse el proyecto que está siendo impulsado desde el Congreso Nacional. “No tenemos esos recursos en este momento, aquí el tema es que también tenemos que hacer una revisión; no creo que ese sea el camino porque hay tantas necesidades”, señaló la titular de esta entidad del Estado, Rocío Tábora.
EL HERALDO constató que Sefin mantiene bloqueado el de Registro y Control de Servidores (Sirep) desde marzo de 2018, por lo que no se puede conocer ni verificar con exactitud la cantidad pormenorizada de empleados por contrato de cada institución.
Pocitliztcióo
En un inicio estaba prevista ayer una reunión en el salón Ramón Rosa del Legislativo entre los miembros de la comisión especial que dictaminará esta propuesta con autoridades de Finanzas, Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS), incluyendo la Dirección de Servicio Civil, pero al final este encuentro tuvo lugar en la sede del Poder Ejecutivo. El titular de esta comitiva David Chávez confirmó a EL HERALDO que “tuvimos la reunión, platicamos con una gente del Ejecu- tivo porque eso pasa por un tema presupuestario; Finanzas tiene que dar el dictamen, hay aportaciones a institutos de previsión, al Seguro Social y este proyecto hay que socializarlo bien”. Sostuvo que la iniciativa va por buen camino, sin embargo, se debe de dictaminar con mucha responsabilidad. “El Estado no puede pasar de un solo a todo el personal por contrato a acuerdo, no tiene capacidad en este instante para eso”, reconoció el legislador. Informó que en lo que queda de esta semana no se tiene prevista otra reunión sobre el particular hasta nuevo aviso. “El Ejecutivo quiere también que toda la gente que pase bajo esta modalidad lo harán a través de la Escuela de Capacitación del Funcionario y Empleado Público, donde se tendrá que preparar bastante y después se verá si opta a esta nueva forma”, puntualizó Chávez. Entretanto, Zambrano consideró que la comisión dictaminadora deberá valorar al igual que argumentar la decisión que adopte al determinar favorable o desfavorable esta proposición.
“Sin duda alguna que con el apoyo técnico de la Secretaría de Finanzas se puede buscar una salida adecuada que no implique un perjuicio a la estabilidad presupuestaria del país”, reiteró