Leonardo Gabriel Hernández
En Nacaome, Valle, el pasado domingo, fue asesinado a tiros el comunicador social Leonardo Gabriel Hernández. El hombre de 54 años fue atacado a tiros cuando regresaba a su casa después de recibir clases en una universidad de la zona donde cursaba la carrera de derecho. Tres días después, las autoridades correspondientes no tienen pistas de los responsables materiales del hecho y mucho menos de quién o quiénes ordenaron el asesinato. Leonardo Gabriel, quien dirigía un programa televisivo de denuncias y era crítico de las autoridades locales y de diputados de la zona.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) dijo en un comunicado que el año pasado Hernández había solicitado la protección del Estado porque estaba siendo amenazado de muerte, pero que tiempo después él mismo pidió que se le retirara esa protección, sin citar los motivos. Ahora, Hernández pasó a formar parte de la lista de 77 periodistas y comunicadores sociales que han sido asesinados en Honduras de 2001 a la fecha, casos que en un 92% están en la impunidad “por falta de investigación”, según lo estableció el Conadeh en un comunicado en el que condena la muerte del comunicador. Como se ha exigido en los casos anteriores, en esta ocasión el Conadeh, el gremio de periodistas, los organismos defensores de los derechos humanos y de la libertad de expresión se unen para demandar la investigación y el castigo de los responsables materiales e intelectuales de este asesinato. Por el bien de la democracia estos casos no pueden ni deben quedar impunes. El Estado está obligados a garantizar el derecho del pueblo a estar informado, y como lo establecen los organismos defensores de los derechos humanos y de los periodistas a nivel nacional e internacional, a utilizar todas las herramientas disponibles para proteger a quienes alzan su voz en defensa de la libertad de expresión en sus países. También están obligados a poner en marcha, a fortalecer, los mecanismos de protección a periodistas para garantizarles su vida y su derecho a ejercer su trabajo en libertad