Las exoneraciones fiscales

Honduras -según las cifras oficialeses uno de los países de la región centroamericana con más exoneraciones, a tal grado que representan el 6.8% del Producto Interno Bruto (PIB). El gasto por estos privilegios asciende a 39,000 millones de lempiras anuales.

Todo estaría bien si ese gasto cumpliera con su función de incentivar la generación de inversión nacional y extranjera, la producción, el empleo y, lo más importante, respaldar las políticas económicas o sociales de un país en el cual la pobreza y la pobreza extrema siguen marcando la vida diaria de más del 60% de su población.

Después de muchos años, se ha anunciado que por fin se estarán revisando estos privilegios fiscales y que se eliminarán las exenciones a empresas que no cumplen con los objetivos acordados.

Un buen paso para la pequeña economía hondureña, porque el país no puede seguir dándose el lujo de exonerar del pago de impuestos a empresas que están exportando menos del monto que le están exonerando.

Comentaba recientemente un alto funcionario de la SAR que han detectado casos en los cuales el número de empleos generados por una empresa exonerada es tan bajo que cada empleo generado le cuesta 80,000 dólares al estado de Honduras por las exoneraciones que se les están dando. “Nos saldría más barato pagar nosotros el salario mínimo, porque eso es lo que ellos pagan”, comentó.

Es claro que las exoneraciones no son malas, sin embargo, las mismas deben estar reguladas y controladas para que den el resultado para las que son creadas, principalmente, el de volver competitivas a las empresas de varias industrias, y lo más importante que generen los puestos laborales que demanda la población.

Por eso, como lo están solicitando los empresarios, se requiere que ese proceso de revisión sea minucioso, caso por caso