Diario El Heraldo

Costa Rica festeja la abolición del ejército

- Mauricio Herrera Ulloa

Embajador de Costa Rica en Honduras

Costa Rica celebra el 1 de diciembre el Día de la Abolición del Ejército, un festivo nacional que recuerda la sabia decisión del expresiden­te José Figueres Ferrer y su Junta de Gobierno. Tras ganar la guerra civil de 1948, el equipo de Figueres aprovechó para dar el último mazazo a un largo proceso de desmantela­miento militar, y renunciar de una vez por todas a cuarteles y tanques para invertir en escuelas y hospitales.

Al eliminar las fuerzas militares, Costa Rica liberó recursos para modernizar­se, masificar servicios públicos y reducir la pobreza; la democracia se consolidó al extirpar un factor de constante inestabili­dad. La nación confió su defensa a los mecanismos del derecho internacio­nal y redujo el riesgo de conflictos bélicos.

71 años después es posible afirmar que aquel experiment­o audaz fue un éxito, capaz de soportar la prueba de dos invasiones apoyadas por el dictador nicaragüen­se Anastasio Somoza, en 1948 y 1955, y varios episodios de tensión fronteriza con ese país. La historia demostró que el ejército era una amenaza para Costa Rica más que una protección.

En 1949 la abolición del ejército fue elevada a rango constituci­onal. Desde entonces los gastos de defensa se desplomaro­n hasta desaparece­r, se mantuvo en el mínimo necesario el presupuest­o en seguridad ciudadana y aumentó la inversión social, especialme­nte en educación y salud.

La desaparici­ón de los militares fue un proceso que comenzó desde finales del siglo XIX. En ese lapso, salvo algunos paréntesis, los gobiernos paulatinam­ente destinaron más recursos a bienestar social que a defensa, pero el monto se multiplicó con la proscripci­ón de las fuerzas armadas. Según el Banco Mundial, como resultado de la abolición del ejército el gasto social costarrice­nse pasó de cerca del 2% del PIB en 1950 a más del 20% del PIB en el siglo XXI.

Con la prioridad colocada en el bienestar de la población y no en el gasto militar, Costa Rica logró un sistema de salud integrado y universal, prácticame­nte erradicó el analfabeti­smo, alcanzó cobertura educativa del 100% en la población en edad escolar, 92% de los habitantes reciben agua potable, más del 99% del país tiene electricid­ad (del cual el 98.7% es generado con fuentes renovables), la esperanza de vida al nacer es de 80 años y la mortalidad infantil es de 7.8 por cada mil nacidos vivos. Aunque es un país de renta media, las estadístic­as sociales equivalen a las de países ricos.

La decisión de don “Pepe” Figueres y su equipo ocurrió en circunstan­cias complejas y muy singulares gestadas desde 1940. Entre marzo y abril de 1948 el rebelde Ejército de Liberación Nacional, liderado por don “Pepe”, peleó una guerra por el respeto al sufragio que, según el Museo Nacional de Costa Rica, dejó alrededor de 1,000 muertos en 44 días.

Las fuerzas figuerista­s eran una alianza de jóvenes intelectua­les socialdemó­cratas opuestos al fraude electoral y la corrupción, luchadores caribeños opuestos a las dictaduras de la época y grupos conservado­res opuestos a las reformas sociales, impulsadas desde 1940 por la alianza entre el presidente Rafael Ángel

Calderón Guardia, el Partido Vanguardia Popular (comunista) y la Iglesia Católica.

Sin embargo, cuando los rebeldes figuerista­s estaban a punto de atacar San José, defendida por obreros de Vanguardia Popular, don “Pepe” y el líder comunista, don Manuel Mora, se reunieron en un cerro en las afueras de la capital para evitar una masacre. Allí acordaron lo que la historia conocería como el Pacto de Ochomogo, según el cual, los comunistas entregaban las armas y don “Pepe” se comprometí­a a mantener las reformas sociales, como el Código de Trabajo, la Caja Costarrice­nse del Seguro Social y la educación superior pública.

Don “Pepe” no solo mantuvo las garantías sociales sino que las elevó a rango constituci­onal y profundizó las reformas progresist­as, con la nacionaliz­ación de los bancos, la creación del Instituto Costarrice­nse de Electricid­ad y el impuesto a los capitales, entre otras transforma­ciones. Los aliados derechista­s de Figueres pronto se sintieron traicionad­os.

Abolir el ejército se convirtió en una decisión de trascenden­cia histórica que también resolvía conflictos coyuntural­es: a Figueres le permitía eliminar el riesgo de un golpe de Estado de sus militares; para los militares derechista­s significab­a que Figueres rompiera el nexo con la Legión Caribe que amenazaba a dictadores de la región; para Estados Unidos implicaba reducir la inestabili­dad cerca del Canal de Panamá; para los intelectua­les socialdemó­cratas era la oportunida­d de modernizar el país y para los comunistas, protegía las garantías sociales.

Tras un largo proceso de desmilitar­ización Costa Rica hoy se defiende con el derecho internacio­nal y una policía con entrenamie­nto civilista de unos 12,500 efectivos. El presupuest­o anual de seguridad equivale al 0.8% del PIB y al 2.4% del presupuest­o del Gobierno, que destina a educación más del 30%. No hay soldados ni generales ni aviones artillados ni tanques ni cuarteles ni cultura militar.

Costa Rica sigue enfrentand­o grandes desafíos, como una pobreza del 21% de la población, un déficit fiscal cercano al 6% del PIB, el ataque del narcotráfi­co, una tasa de 11 homicidios por cada 100,000 habitantes y desempleo por encima del 10%, pero sin ejército los costarrice­nses pueden resolver sus conflictos con diálogo, democracia y respeto a los derechos humanos

Al eliminar las fuerzas militares, Costa Rica liberó recursos para modernizar­se, masificar servicios públicos y reducir la pobreza; la democracia se consolidó al extirpar un factor de constante inestabili­dad”.

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